La asignación de recursos para esta iniciativa levanta dudas sobre la independencia de los poderes en el país, especialmente cuando ocurre en un contexto marcado por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Boric, que se conoció como el “caso convenios”. Esta polémica involucra el presunto traspaso directo de fondos públicos a fundaciones afines a Boric, lo que podría resultar en consecuencias legales para personas cercanas al mandatario.
Aparte de la repercusión que generó la asignación de al menos 1,42 millones de dólares a la Corte Suprema, la Fiscalía también está investigando estas otras irregularidades en la gestión de fondos públicos relacionadas con el gobierno de Boric. Entre las acusaciones se incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible entre funcionarios cercanos al presidente y organismos estatales.
El “caso convenios”, que estalló a mediados del año pasado, ha llevado a la detención de 14 personas, incluido Daniel Andrade, quien es representante legal de la fundación Democracia. Andrade, además de su rol en esta entidad, es líder del partido Revolución Democrática, organización donde milita la actual directora de presupuestos (Dipres) del ministerio de Hacienda, Javiera Martínez.
Esta funcionaria, además de autorizar los desembolsos a las 53 fundaciones en la mira de la Fiscalía, también aprobó ahora el dinero a la Corte Suprema para comprar 22 carros híbridos, cuyo monto es al menos 56 millones de pesos cada uno, es decir 57679 dólares por automóvil, que se distribuirán de la manera siguiente: 21 autos para ministros y uno para el fiscal judicial.
Vínculos en la mira
Aunque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, considera a Javiera Martínez como “la mejor directora de Presupuestos”, la alta funcionaria no pudo participar en la discusión del presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados, debido a sus evidentes vínculos partidistas.
Martínez sostiene que la corrupción ha surgido debido a “un nivel de debilidades normativas”. Al respecto, enumera tres áreas críticas: primero, la creación de instituciones privadas sin fines de lucro; segundo, la relación del Estado con estas instituciones; y tercero, la falta de una normativa sólida en los gobiernos regionales, que, una vez elegidos, no tienen ninguna normativa permanente sobre cómo ocupar su presupuesto y se cambian las reglas año a año.
Su defensa, que para la oposición no tiene credibilidad, destapa nuevas suspicacias al otorgar esta millonaria suma a la Corte Suprema, para una compra que calificó como “desproporcionada” por fuentes que consultó La Tercera.
Justicia progre
De los 13 magistrados que conforman el pleno, 11 votaron a favor, mientras que el presidente, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz rechazaron la iniciativa. La justificación para quienes aprobaron la compra es “avanzar hacia una justicia más sustentable”, al optar por “privilegiar la renovación por vehículos cero emisiones o de mayor eficiencia energética”. Sin embargo, algunas voces críticas, como la del diputado Gonzalo de La Carrera, argumentan que este enfoque progresista “roba el derecho a la justicia con sus slogans”.
Las críticas no frenarán la compra. De hecho, en el edificio de Tribunales se exhibieron tres autos de prueba, para que los jueces pudiesen probarlos y decidir el color que quisieran, pese a los antecedentes de irregularidades que rondan el uso de los automóviles institucionales.
Entre los ejemplo más resaltantes está cuando la Contraloría General sancionó a la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, luego de comprobar que la autoridad regional hizo mal uso del vehículo fiscal en diferentes ocasiones durante 2021 y 2022. El ente la suspendió tres meses de su cargo y descontó 50 % de su remuneración, por ordenar a los conductores del vehículo fiscal a trasladarla con fines personales a un mall, supermercados y centros de salud, entre otros.
Autos de lujo que estarán para estrenar
Los modelos que tendrán los jueces de la Corte Suprema los estrenarán tres nuevos magistrados, si se tiene en cuenta que el gobierno tiene pendiente tres nombramientos de ministros del máximo tribunal del país, para sustituir a quienes dejaron sus cargos, por cumplir 75 años. Ellos son Guillermo Silva, de la Sala Civil quien se separó de su cargo en 2022, mientras que Haroldo Brito y Jorge Dahm, quienes estaban en la Sala Penal, lo hicieron en 2023. A ellos se suma el retiro del ministro Juan Eduardo Fuentes, quien se jubilará en octubre.
Para los nombramientos de vacantes, a la Corte Suprema le corresponde elaborar una quina, de la cual el presidente escoge un nombre que luego es sometido a votación en el Senado. La ministra Jessica González, de la Corte de Apelaciones de Santiago, es la candidata favorita de Boric para ocupar la vacante de Silva pero su nombre aún no alcanza el quórum de dos tercios requerido. Sin embargo, las negociaciones que lidera el ministro de Justicia, Luis Cordero, podrían dar frutos para la abogada que defiende las “cuotas de género”.
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