Ni en una, ni en dos, ni en tres sino en ocho de las 16 regiones que conforman a Chile, la Fiscalía General desplegó a sus funcionarios para indagar sobre el desembolso de 17 millones de dólares a fundaciones aliadas del gobierno del presidente, Gabriel Boric. La instancia comenzó las pesquisas por oficio, querellas y denuncias en Arica, Antofagasta, Atacama, O’ Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos para determinar las condiciones que rodean el escandaloso traspaso de fondos públicos que se sospecha ronda los 479 millones de dólares.
A tres semanas de estallar el caso que vincula a la fundación Democracia Viva, administrada por el partido oficialista Revolución Democrática con la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, la Fiscalía extendió a la mitad del país las pesquisas para esclarecer eventuales delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.
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De acuerdo con La Tercera, el ente revisa las primeras transferencias a fundaciones detectadas, cuyo monto asciende a 14215 millones de pesos, una cifra equivalente a más de 17 millones de dólares. Sin embargo, el medio advierte que la cifra podría aumentar al ritmo del avance de las pericias en curso que también ejecuta la Contraloría, luego de trascender que los pagos salieron fraccionados para esquivarla.
Tres elementos claves
La Fiscalía tiene tres nudos judiciales por resolver en el caso de las transferencias directas de dinero desde dependencias estatales a fundaciones aliadas del gobierno.
Por un lado, el ente deberá revisar los altos montos adjudicados a las organizaciones, cuya data de creación coincide con el ascenso de Boric al poder y que, además, recibieron recursos sin experiencia en las materias para las cuales fueron contratadas.
Después, las pesquisas se concentrarán en las vinculaciones políticas. “Este será un tema esencial de la investigación”, señala el exfiscal y docente de la Universidad San Sebastián, Manuel Guerra, en el El Mercurio, tras precisar que “las vinculaciones políticas entre quienes adjudicaron los fondos y los beneficiarios, sin duda es algo a tener presente. En este caso, estamos hablando de un mismo partido”.
Y por último, la Fiscalía verificará la ejecución de los proyectos asociados a los montos para determinar si se cumplieron las metas comprometidas en los convenios de transferencia”.
El resultado que arrojen los tres puntos de las investigaciones será crucial porque “si hay simulación, es decir, una apariencia de que se ejecutaron los convenios sería un fraude al fisco, puesto que se habría concertado un grupo de personas para engañar a la autoridad.
Una voz para contener
Mientras el Ministerio Público avanza en sus pesquisas, el ministro de Justicia, Luis Cordero, asumió la vocería de la Moneda sobre el escándalo. El alto funcionario desplazó a la ministra vocera, Camila Vallejo, para defender a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez e intentar aclarar las contradicciones del presidente Boric respecto a cuándo se enteró el gobierno de los primeros antecedentes.
Su rol es clave. Además de ser la voz del gobierno, facilita el repliegue del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien es epicentro de los cuestionamientos por liderar la cartera que aprobó el desembolso de las millonarias as de dinero a las fundaciones.