Cada día que transcurra desde ahora podría ser el último del comunista Daniel Jadue como alcalde de Recoleta. Esta posibilidad toma fuerzas por la formulación de cargos en su contra que presentó la Contraloría, ante las “irregularidades determinantes”, en el traspaso de 613 millones de pesos (equivalentes a 750.000 dólares) a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), que preside desde 2015.
Después de ocho meses de pesquisas, la Contraloría acusó a Jadue ante el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía. Le señalan por faltas a la probidad, tras descubrir la ausencia de informes sobre la rendición de cuentas, así como de estados financieros y contables.
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También el ente halló irregularidades en los convenios establecidos con el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Universidad de Concepción de 200 millones de pesos para producir 5000 dosis de uso experimental del antivirico Interferón, cuya mitad se entregaría a la ACHIFARP. Este mismo patrón se detectó con operaciones que ascendían a 150 millones de pesos para comprar dosis del remedio ruso Avifavir, que no cuenta con aval científico, pero que estaba destinado a combatir el coronavirus.
Sin embargo, “no consta que la Municipalidad de Recoleta ni la ACHIFARP hayan realizado las gestiones y coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Salud acerca de la pertinencia de iniciar acciones conducentes a un eventual uso de Interferón para el tratamiento del COVID-19”, asegura la Contraloría.
Un gran lío legal
Hasta el despacho de Jadue llegó una comisión de la Contraloría para notificarle por escrito que, junto a diez funcionarios de la municipalidad, forma parte de la acusación que derivó de una auditoría hecha en abril del año pasado.
“Lo que hace la Contraloría es determinar si existen o no responsabilidades administrativas. Efectivamente hay irregularidades que son determinantes, pero no puedo dar más detalles de eso”, declaró el contralor, Jorge Bermúdez, luego de precisar que “se trató de determinar cuál era la situación de los traspasos que se habían hecho desde la municipalidad a esta asociación. Esa auditoría arrojó que había deficiencias, montos sin justificar y una serie de observaciones y esa auditoría es pública”.
Un proceso complejo
Jadue está en un gran lío judicial. Según La Tercera su defensa se complica, ante la nula existencia de rendiciones de cuentas de los recursos municipales entregados a la Achifarp.
Como presidente de la Achifarp, el alcalde de Recoleta tampoco la tiene fácil, considerando que la Contraloría reveló que la organización “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.
Además, la asociación tampoco entregó información sobre sus estatutos, las actas de directorio, las asambleas generales efectuadas, las directrices formales que regulen los procesos de cuotas de incorporación y anuales que pagaban los municipios asociados.
Por ahora, a Daniel Jadue le corresponde presentar sus alegatos ante la Contraloría. Una vez estén hechos, el ente decidirá si sanciona a los funcionarios de menor jerarquía involucrados. Entre los nombres más sonados figura la administradora municipal, Gianinna Repetti, quien obra en algunas circunstancias como alcaldesa subrogante, por los mismos motivos que su jefe, el director de control de Recoleta, Patricio González, a quien se le imputó eludir la ley que regula los contratos con el Estado y la falta de fiscalización del uso y destino de los recursos traspasados a Achifarp.
Otros que figuran en la acusación que se menciona previamente son los alcaldes de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, al igual que de Macul, Gonzalo Montoya, por el pago de una cuota extra a Achifarp sin exigir rendición de cuentas de los recursos traspasados.
¿Destitución en puertas?
El destino de Jadue podría sorprender al comunista que gobierna Recoleta invicto desde 2012: la destitución. En manos del concejo municipal quedará si al finalizar el proceso consignan las evidencias ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar la remoción.
¿Está cerca el escenario? Sí. Sobre todo porque al mismo tiempo que Jadue enfrenta su lío con la Contraloría, el 4º Juzgado Civil de Santiago ordenó la liquidación forzosa de la Achifarp tras una demanda presentada por la empresa Best Quality Products Spa; que acusó a la asociación del impago de diez facturas que suman 1384 millones de pesos chilenos, -unos 1,7 millones de dólares-.
Al proceso de quiebra que sigue su curso se agrega la investigación por cohecho que anunció la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por presuntas “coimas” gestionadas por Jadue a la compañía para donar insumos médicos al Partido Comunista.
Jadue ya intentó zafarse de sus problemas legales que desató la dualidad de su representación como líder de la Achifarp y la Alcaldía de Recoleta solicitando -dos veces en medio del proceso de quiebra de Achifarp- convertirse en uno de los acreedores de las farmacias populares pero esta maniobra judicial la objetó Best Quality Products Spa y el liquidador titular del proceso, José Rojas divulga El Líbero.
Ni el 4° Juzgado Civil ni la Corte de Apelaciones de Santiago ni la Corte Suprema aceptaron las gestiones de Jadue que lo dejan ahora al borde del precipicio penal.