El plan del presidente de Chile, Gabriel Boric, es insistir por segunda vez con su proyecto de reforma tributaria en julio, después de fracasar en la primera presentación ante la Cámara de Diputados en marzo, tras lograr 73 de los 74 votos que requería. Sin embargo, la crisis política que enfrenta por la entrega de 3000 millones de pesos (equivalentes a 3,7 millones de dólares) a cinco fundaciones cercanas a su Administración complica su pretensión de alcanzar un pacto fiscal.
La meta de Boric es recaudar 10.000 millones de dólares con un nuevo esquema tributario, pero la falta de certezas que despertaron los desembolsos directos hechos por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) en Antofagasta, al norte del país, a sus organizaciones aliadas divide a la oposición.
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“No vemos una política de enfrentar un uso eficiente de los recursos. Todo pasa por el aumento de impuestos, pero no por mejorar, por ejemplo, los 700 programas mal evaluados y de cómo se usan los recursos de manera eficiente y no mal gastados en programas que no tienen un impacto que se pueda medir. El caso de Antofagasta no ayuda”, dijo el exministro del Trabajo, Patricio Melero a ExAnte.
¿En qué se gastará el dinero?, es la pregunta que se repite entre los distintos sectores que analizan la reforma tributaria diseñada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Para Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, “la urgencia para ellos (el gobierno) es aumentar los impuestos y no recuperar el crecimiento, el empleo y la inversión”.
Postergar para convencer
Con los frentes políticos sin consenso en torno a la reforma tributaria, la única salida para el gobierno de Boric es postergar la discusión. Sí, esperar a que las aguas bajen la tensión. No hay más camino, cuando hasta los gremios empresariales discrepan de las condiciones de la propuesta por la caída de 5,6 % de la productividad en el cuarto trimestre de 2022, que provocó un cierre anual con una cifra negativa de 2,8 %.
En La Moneda ya evalúan su peor escenario: engavetar la reforma tributaria hasta marzo del 2024, cuando se cumpla un año desde el primer revés. Según la ministra vocera, Camila Vallejo, tocarán “todas las puertas para un Pacto Fiscal porque se necesitan ingresos permanentes de quienes tienen más, no de la clase media”.
Radares en el Congreso
A una semana de conocerse las transferencias de recursos públicos a las fundaciones Democracia Viva, la Asociación Campamento de Ideas, Fundación ProCultura, Fundación Urbanismo Social, Fundación Cultural TomArte, Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra, Boric promete ser “implacable” con las prácticas irregulares en el manejo de los fondos estatales.
“Frente a situaciones que dañen la fé pública hay que ser implacables. La Físcalía tiene que hacer su trabajo y nosotros colaborar”, dijo el mandatario.
¿Servirá este discurso para aplacar el escándalo y sacar a flote la reforma fiscal? Es poco probable. La diputada y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, solicitará la creación de una comisión investigadora en el Congreso, porque “lo que está ocurriendo en el Gobierno del Presidente Boric es gravísimo y no se puede permitir que se estén mal utilizando los recursos públicos y menos aún que estos sean entregados a fundaciones sólo por la filiación o cercanía política que tengan con sus fundadores”.