A bordo de su camioneta y sin su sombrero de rondero, el presidente de Perú, Pedro Castillo, sale del Palacio de Gobierno rumbo a su domicilio del distrito de Breña, con el fin de negociar contratos con un empresario del país inca. El izquierdista ejecuta esto, a pesar de que la Contraloría le advirtió que los encuentros sin registro vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
Las reuniones clandestinas son el nuevo escándalo de su gestión. Algo que destapó un reportaje del programa Cuarto Poder, donde se constata que la casa de cinco pisos propiedad del empresario, paisano y amigo del mandatario, Alejandro Sánchez sirve de lobby.
En los videos divulgados en su cuenta de Twitter, el medio señala que Fray Vásquez, sobrino del presidente, custodia las visitas secretas que culminan en altas horas de la noche.
EN VIVO | #CuartoPoder Casa mayor: El presidente Pedro Castillo visitó la casa de Breña y fue captado por nuestro equipo periodístico pic.twitter.com/LeUb5J4pNL
— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 29, 2021
Con esta dinámica, Carlos Ponce, de la Empresa de Representaciones María de Jesús E. I. R. L. arribó al predio, así como también Marco Antonio Villaverde , gerente general de la compañía Mazavig S. A. C. acusado de lavado de activos por la Fiscalía.
Las cámaras también captaron el ingreso de Jaqueline Perales Olano, gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y de Karelim López Arredondo, asesora de campaña de Castillo y representante del Consorcio Puente Tarata III que obtuvo la adjudicación de un contrato por 232 000 000 de soles que equivalen a 57 12 1 752 de dólares para levantar la vía sobre el río Huallaga, en San Martín.
Unas visitas desleales
Las movidas de Castillo son cuestionadas por los parlamentarios de su partido. El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido aprovechó el río revuelto para pedir al Ministerio Público una “investigación exhaustiva” ante cualquier “acto que puede llevar a hechos fuera de la ley”.
Para Bellido, quien salió de la administración de Castillo por promover la nacionalización del yacimiento de gas Camisea, operado por un consorcio privado, el “presidente no puede ponerse el sombrero para sentarse en Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios”.
Para los penalistas Carlos Caro y Andy Carrión consultados por El Comercio sostienen que “son indicios del presunto delito de colusión desleal” que se da por la presunta “concertación entre funcionarios públicos y particulares para defraudar al Estado”,
Una interpelación latente
Ahora “estos sucesos ponen en duda a Castillo ante el pueblo, pierde credibilidad y se expone a una interpelación”, aseguró Vladimir Cerrón, el fundador de la tolda. Y ese es un proceso que parece viable cuando además el secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, renunció a su cargo luego de que el Ministerio Público encontrara 20 000 dólares en efectivo en el baño de la oficina que le correspondía en Palacio de Gobierno.
Él dijo que eran sus ahorros y sueldo —que asciende a 25000 soles mensuales, equivalentes a 6250 dólares— a los agentes que allanaron su despacho para colectar documentos, así como dispositivos informáticos, a raíz de una investigación de tráfico de influencias que propició una denuncia en su contra, por presionar e interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas, de modo que se pudiera favorecer a sus allegados.
Sin embargo, Pacheco también es señalado por presuntamente usar su cargo para obligar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a la empresa Deltron.
Con la oficialización de su salida, terminan “los cortos y accidentados cuatro meses del ahora exfuncionario de Palacio de Gobierno, que es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y patrocinio ilegal”, aseveró La República.
Una cadena peligrosa
Esta cadena de polémicas públicas de la gestión de Castillo enciende la discusión sobre su posible destitución. La diputada Patricia Chirinos, que ya ingresó la propuesta al Congreso, anunció en Twitter que solicitó a la Fiscalía una “investigación inmediata por las reuniones clandestinas del Presidente”.
La oposición no da tregua. La moción de vacancia requiere 52 votos para entrar en debate. Las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular aseguran 43, pero los nueve votos que faltan podrían definirse en medio de la situación. Si se logran, se fijará una fecha para que Castillo acuda con solo un abogado a ejercer su defensa. Luego habría un debate en el hemiciclo y para aprobarse la vacancia del jefe de Estado se requerirían un total de 87 votos.
#Urgente. Estoy enviando un pedido a la titular de la @FiscaliaPeru para que abra investigación inmediata por las reuniones clandestinas del Presidente Castillo. Y una carta al titular del @MindefPeru para que explique con detalle las razones de su visitas a la casa de Breña. pic.twitter.com/LE9KTJpod6
— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 29, 2021