En un fallo que generó un escándalo en Argentina, el Tribunal Oral Federal Número 5, la última semana decidió dejar sin efecto el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, en las causas más serias que tenía: las de Hotesur y Los Sauces. Aunque Adriana Palliotti votó en disidencia, los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado dictaron el sobreseimiento, ya que consideraron que la acusación por lavado de dinero estaría “mal instruida”, al no haberse aplicado el principio solicitado por la defensa, a cargo de Carlos Beraldi, de la aplicación de la “ley más benigna”.
Cuando se conoció el fallo, en Buenos Aires y varias provincias del país comenzaron a sonar las cacerolas. La impunidad absoluta de la movida judicial daba a entender que, probablemente, la cuestión podía no terminar ahí. Efectivamente, el primer día hábil de esta semana, ya cayó el primer pedido de juicio político contra Grünberg y Obligado.
El mismo fue presentado por el economista Ricardo López Murphy, que jurará como diputado nacional la próxima semana. En la tarde de hoy, el exministro se presentó ante el Consejo de la Magistratura con un grupo de colaboradores de su espacio, Republicanos Unidos.
“Resulta imprescindible la apertura de una investigación por mal desempeño, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional, y por la eventual comisión del delito de prevaricato”, señala el pedido formal del diputado opositor, que formará parte de un Congreso Nacional, donde el kirchnerismo perderá influencia en ambas cámaras.
En la opinión de López Murphy y su equipo de colaboradores, existió una “celeridad inusitada” y una “vía fraudulenta” para resolver el caso y cerrar el expediente.
“Los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas novedades que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”, señaló en su denuncia el legislador electo.