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A siete años de dejar la presidencia de Panamá, Ricardo Martinelli enfrentará a la justicia española por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales durante su administración de 2009 a 2014.
La Audiencia Nacional de España incluyó al exmandatario en el proceso que sigue contra directivos de la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), así como sus filiales FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias. El caso en cuestión trata del cobro de sobornos, a través de un testaferro llamado Mauricio Cort, para que la compañía operara en Panamá.
Las averiguaciones de la Fiscalía anticorrupción española apuntan a que Martinelli, junto a otros 14 miembros de la empresa y Cort, participaron en el consorcio con Odebrecht “generando sobrecostos en los contratos de suministro de acero por un valor superior a los 82 millones de euros en los proyectos de construcción de líneas del Metro y de la Ciudad de la Salud, entre otros”.
Justicia en la mira
Ricardo Martinelli está también en apuros en Panamá porque el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción y blanqueo de capitales en cinco proyectos estatales: la Ciudad de la Salud —luego Ciudad Hospitalaria— la construcción del Metro, el reordenamiento vial de Vía Brasil, el ensanche de la avenida Domingo Díaz y la renovación del Casco Antiguo.
En solo uno de esos cinco proyectos investigados se han detectado sobrecostos por más de 40 millones de dólares indica La Prensa. Sin embargo, él lo atribuye a acusaciones de “fariseos que hacen daño”.
Hay que perdonar a esos pocos fariseos que tanto daño hacen sin saberlo, porque creen o les hacen creer, que ese es el camino correcto cuando ellos mismos no se miran así mismos y ni se arrepienten y solo critican y critican, a todos los que no están de acuerdo con su ideología pic.twitter.com/FcBdmREMjI
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) April 2, 2021
Apelación con frutos
El juez de instrucción que lleva el proceso en España es Ismael Moreno, quien acató la decisión del tribunal de apelación en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, ente que ordena vincular al expresidente panameño con el proceso penal.
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) impulsa desde noviembre del año pasado las acusaciones en contra de Martinelli y hacia ella lanza sus dardos por considerar que se trata de una “campaña sucia”.
Esa es su defensa pública. Culpa a “enemigos” de usar sus contactos internacionales para que “un payaso meta denuncia temeraria” en un insulto directo a Garzón, quien en este momento defiende al supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.
Pero sus alegatos para ridiculizar el proceso son infructuosos. Ninguno evitó que los magistrados que conforman el tribunal de apelación acogiera los postulados que solicitaron la investigación en su contra y el curso a las diligencias probatorias e interrogatorios que Fibgar exigía.
Confesiones lo delatan
El caso para Martinelli se avizora complejo. La asesora jurídica de la constructora FCC y Rodrigo Tacla Durán, antiguo colaborador de Odebrecht, cercano a Martinelli y sus hijos, lo señalan como beneficiario final de la trama de corrupción.
A ellos se agregan las confesiones ofrecidas por dos exejecutivos de la empresa: el gerente del país, y el jefe de América Central, donde confirman las reuniones, pagos a Mauricio Cort como testaferro del esquema de corrupción y las sociedades, bancos y cuentas utilizados.
Ya en el expediente hay constancia de la compra de, al menos, un inmueble de lujo en Madrid —aprehendido por la justicia española— de colaboraciones con bancos en Andorra y Suiza; y de otras actividades que conducen hacia el posible delito de blanqueo de capitales en suelo español.
Por otro lado, un testigo protegido en Panamá, en el proceso New Business, corroboró aquellos encuentros y conversaciones de Martinelli a los que aludieron los ejecutivos de FCC en los que se coordinaban el pago de sobornos.
Retórica jurídica
Buscar un abogado para la defensa de sus intereses y apersonarse a la causa es el camino que le espera a Martinelli. Si no lo hace, la Audiencia Nacional le designará uno de oficio para declarar bajo juramento y en calidad de investigado.
Le toca obedecer. Roniel Ortiz, integrante de su equipo legal anunció que contratarán abogados en España para presentar una serie de recursos en contra de la apelación, debido a que Martinelli no ha tenido representación legal en esa instancia y que se le han violado todos sus derechos y garantías.
Sin embargo, su equipo legal desvía la atención hacia una estéril discusión sobre si su cliente es “imputado” o “investigado” para bajar el impacto mediático del caso. Piden referirse a él como “investigado”.
Es un debate absurdo cuando la calidad de investigado —de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal española— equivale a imputado. Nadie puede ser investigado si no se le imputan indiciariamente unos hechos delictivos.
La comisión para la “Claridad del Lenguaje Jurídico” concluye además que el término “investigado” sirve para identificar a la “persona sometida a investigación por su relación con un delito”.
A esta retórica la cargan además de una denuncia por supuestas “amenazas, robos y seguimiento ilegal” divulga Pulso Mundial y Martinelli lo replica en su cuenta de Twitter mientras en Madrid lo esperan en el banquillo.
Abogados de Martinelli denuncian ante CNA ser objetos de “amenazas, robos y seguimiento ilegal” https://t.co/3sd7WPH4Q4
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) April 12, 2021
