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Dos fiscales de Trinidad y Tobago buscarán ante el Tribunal de Apelaciones la deportación de 10 niños venezolanos y cuatro madres que reingresaron en noviembre a la isla después de quedar varados en el mar dos días tras ser obligados por funcionarios locales a abandonar el país en una precaria embarcación.
El Estado representado por los abogados Neil Byam y Nisa Simmons intentará revertir la decisión de la jueza Joan Charles quien ordenó liberar al grupo bajo la custodia de familiares registrados.
En la audiencia de apelación prevista para la próxima semana según Newsday, los fiscales alegarán que Charles “consideró erróneamente” los hechos y cometió “un error de hecho y de derecho cuando hizo caso omiso de las órdenes de deportación de las mujeres y ordenó su liberación”.
Estos argumentos que serán presentados contrarían además con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les había otorgado medidas cautelares para proteger sus vidas.
Una jueza en resistencia
La jueza Joan Charles asegura que las leyes y políticas de inmigración de Trinidad y Tobago no prevén la detención y deportación de niños. Esa es su posición desde el inicio del proceso legal hace dos meses, informó el Guardian Media citado por el Diario Las Américas.
Su versión enfrenta a la divulgada por el primer ministro Keith Rowley, quien vocifera que su gobierno se niega a aceptar una interpretación del estatuto de refugiado.
Los abogados defensores Criston Williams, Jerome Riley y Kerrina Samdeo insisten en que la detención y deportación de los niños debe rectificarse porque afecta la reputación internacional de los menores y la situación tendrá consecuencias psicológicas. La jueza lo admitió. Por ellos, declaró que debía “hacer más” mediante la aplicación de una “política adecuada para facilitar la liberación” reveló el medio local Newsday.
Una isla al alcance
Cada vez son más los venezolanos que arriesgan su vida huyendo desesperados por el mar y que desaparecen o fallecen intentando llegar a alguna isla del Caribe, asegura el informe de la secretaria general para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos de la Organización de Estados Americanos.
Esta secretaría alertó sobre el naufragio de una embarcación el 12 de diciembre con un grupo indeterminado de pasajeros que dejó la costa de Venezuela con rumbo a Trinidad y Tobago. Las primeras víctimas se hallaron a 6,3 millas náuticas de la ciudad de Güiria dentro de la jurisdicción de Venezuela y sumaron 33 cuerpos.
Todos los tripulantes partieron con el propósito de reencontrarse con familiares y huir de la emergencia humanitaria de Venezuela, así como del colapso de servicios básicos como agua y electricidad. Desde Güiria se exigía justicia por sus muertes.
⚫ #NáufragosDeGüiria | Pobladores de #Güiria claman justicia y exigen continuar con búsqueda de migrantes desaparecidos, informa @ReporteYapic.twitter.com/fwLPgyoDpb
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) December 17, 2020
Pero de ahí, en donde claman respuestas, zarpan pesqueros con muy pocas medidas de seguridad, con 25 a 30 pasajeros y la mayoría sin chalecos salvavidas” señala BBC Mundo y ese viaje organizado de forma “misteriosa y secreta” por locales que se hacen llamar “capitanes” cuesta 500 dólares.
Los venezolanos consideran a la isla la única opción para conseguir un empleo y aunque “están conscientes de la situación en Trinidad, de que los pueden detener, de la xenofobia, no les importa. Lo único que les importa es conseguir un trabajo y enviar dinero a su familia” apunta BBC.
Tragedia en investigación
A raíz de la tragedia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió “una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos” destaca el documento de la OEA.
También las Naciones Unidas alertaron en un comunicado que el incidente es “un recuerdo de los riesgos extremos que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela toman al hacer viajes por mar u otros movimientos irregulares para cruzar fronteras”.
Pese a estos llamados, son cada vez más críticas las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos que además huyen sin sus documentos de identidad, indica la OEA.
Migración en pandemia
La pandemia del COVID-19 “empeoró” la crisis migratoria venezolana, afirma la Organización de Estados Americanos. Si bien el flujo de salida se ralentizó por el cierre de fronteras y el confinamiento obligatorio, la instancia proyecta que el número de migrantes y refugiados venezolanos ascenderá a 7 millones para finales de 2021, si Nicolás Maduro se mantiene en Miraflores.
Antes de la llegada de la pandemia, cerca de 5000 venezolanos dejaban la nación diariamente hacia distintos destinos pero la paralización de la economía y las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria aumentaron las dificultades para alcanzar protección.
Los comedores y albergues cerraron, y algunos trámites de regularización se pospusieron o cancelaron. Bajo este contexto los venezolanos que decidieron retornar son “estigmatizados y criminalizados” a su regreso, con tratos crueles y degradantes por parte del régimen ilegítimo de Venezuela, entre ellos 220 que fueron deportados desde Trinidad y Tobago.
