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La Organización de Estados Americano (OEA) anunció este sábado la designación del abogado Jared Genser como asesor especial sobre la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P). La activación de esta medida permitiría una operación de paz militar en Venezuela. Sin embargo, esto es una situación que también depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encargó a Genser las funciones de analizar, estudiar y debatir cómo desarrollar, junto a todas las partes interesadas, un mecanismo para que la OEA prevenga y responda a los crímenes en la región.
Del mismo modo, Genser podrá hacer sugerencias de posibles líneas de acción para que sean ejecutadas por dicha organización, se informó mediante un comunicado. Dicho documento fija una posición concluyente sobre la necesidad de acaba con este mal de corrupción impulsado desde el régimen de Nicolás Maduro.
«Si los mecanismos internacionales existentes, no están respondiendo a las demandas y necesidades de las víctimas de atrocidades masivas en las Américas, al menos la OEA debería tratar de diseñar y construir un mecanismo regional que pueda prevenir y responder de manera más eficiente y oportuna a delitos de esta naturaleza en el Hemisferio Occidental», reseñó la OEA.
El llamado tardío para activar el principio de R2P
El llamado a la activación del R2P por parte de la OEA surge a escasos días de un primer pronunciamiento del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre este tema. El líder de la coalición opositora al régimen de Nicolás Maduro anunció en su intervención en la ONU la intención de invocar este principio para proteger al pueblo venezolano.
Guaidó explicó que en conjunto con la comunidad internacional, el gobierno interino ha desarrollado mecanismos de “diplomacia preventiva”, pero se ha alcanzado un punto crítico en el país, por ello aseveró que Venezuela está «al final de la escalada que trazan los pilares de la Responsabilidad Para Proteger (R2P, por sus siglas en inglés) sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos».
La petición de Guaidó toma mayor solidez luego de darse a conocer un sinnúmero de indicios de violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen Nicolás Maduro. Estos hechos fueron corroborados recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que presentó un informe de al menos 2 891 casos donde se evidenciaban patrones de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, este nombramiento en la OEA robustece sus esfuerzos realizados desde 2017 para responder a los delitos que puedan tener lugar en las Américas, tras ser demostrada una escalada de violaciones de derechos humanos.
La designación de Genser contribuye al desarrollo de un nuevo complemento regional innovador a la Responsabilidad de Proteger. Un dictamen adoptado por la Asamblea General de la ONU en la Cumbre Mundial de 2005.
La legalidad incuestionable del R2P
Actualmente, sobre Venezuela habría «carta blanca» para una intervención de esta naturaleza. La comunidad internacional tiene apoyo para ingresar al territorio y esta medida surge luego de que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio abriera las puertas a una operación militar en misión de paz.
La sentencia del TSJ en el exilio emitida el 8 de febrero de 2019 es clara al permitir una intervención. De acuerdo con el documento, el gobierno interino de Guaidó está legalmente facultado para solicitar la conformación de una coalición internacional que ingrese a Venezuela.
Los magistrados autorizaron a Guaidó y a la Asamblea Nacional -a través de este dictamen- a solicitar a los países miembros de la comunidad internacional la apertura de dicho canal internacional “por medios diplomáticos o por cualquier otro, incluida una coalición militar en misión de paz para ejecutar perentoriamente la ayuda humanitaria”.
La medida es necesaria para hacer “cumplir con el mandato (…) de proteger a la población de las calamidades que sufre por la falta de alimentos, medicinas y asistencia medica”, se resalta en el documento.
