En un afán por ocultar el caso Delcygate, la Fiscalía española solicita el sobreseimiento de la causa. La petición se basa en que no reúne el sustento necesario para justificar la existencia de prevaricación, informó OK Diario.
“No es suficiente la mera ilegalidad. La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible”, establece el documento.
Una explicación escueta
El organismo señala que “para alcanzar la tipificación del artículo 404 del Código Penal (prevaricación), no es suficiente la mera ilegalidad o la simple contradicción con el derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal”
La Fiscalía considera que es necesario hacer una distinción entre las ilegalidades administrativas y aquellas que ya implican la comisión de un delito. Es por ello que, “a pesar de que se trate de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no pueden identificarse simplemente nulidad pleno derecho y prevaricación”.
El protagonista
El fiscal Enrique Remón Peñalver fue quien elevó la solicitud. No es la primera vez que lo hace. Antes del Delcygate gestionó una petición similar ante la juez Carmen Rodríguez-Medel, a quien le exigió archivar la causa en la que se investigaba por prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
En esta oportunidad, su pedido salvaría al ministro José Luis Ábalos, quien se reunió en el Aeropuerto Internacional de Madrid con Delcy Rodríguez, funcionaria muy cercana a Nicolás Maduro. Dicho encuentro se realizó el 20 de enero, a pesar de la sanciones que le impedían a Delcy Rodríguez pisar suelo europeo.
Con ello, España habría incumplido el artículo 20 del reglamento 2017/2063 del Consejo Europeo, del 13 de noviembre de 2017, que indica explícitamente que las sanciones se aplicarán “en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo”. Es decir que Rodríguez nunca debió siquiera sobrevolar ese país.
Pero puede haber una explicación posible para todo esto. Se puede conjeturar que el Gobierno de España forma parte de los “países amigos” del régimen chavista de Nicolás Maduro.
Niegan información
El partido VOX denuncia el accionar institucional. La tolda asegura que parte de las actuaciones u oficios del caso permanecen ocultas pese a su ‘acusación popular’. Este término establecido en la Constitución española obedece al hecho de que se trata de una acusación hecha por un tercero, no por las partes involucradas.
Pese a exigir el impulso procesal oportuno e información sobre el resultado de las medidas cautelares establecidas, el juzgado no ha dado respuesta a la demanda de VOX.
El delito en cuestión
En España, la prevaricación consiste en el abuso de la posición que el derecho otorga al Juez o funcionario, con evidente quebranto de sus deberes constitucionales.
Según el artículo 404 del Código Penal español “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”.
Este delito también implica que quien lo cometa sea suspendido del ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un plazo de nueve a quince años.