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Por: Corina Cortés Oliveros
Desde el regreso de las vacaciones estivales se venía discutiendo: una especie de enfrentamiento no solo entre políticas de estado sino entre ideologías compromete al gobierno central y al gobierno autonómico al menos en cuanto a cómo han gestionado la pandemia y especialmente si han sido realmente efectivos y eficientes como quieren contarlo.
De acuerdo a lo presentado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), el Estado ha realizado una serie de seguimientos y basado en determinadas estadísticas ha decretado este nuevo “estado de alarma” que se extenderá por un período de quince días.
Para justificar la medida, el gobierno español ha establecido una serie de parámetros, como son que el municipio presente una incidencia acumulada por fecha de diagnóstico en los últimos catorce días de 500 casos o más por 100 000 habitantes; que esta positividad sea superior al 10% y haya sido detectada en las dos semanas previas a la publicación del boletín; y que la ocupación de camas en cuidados intensivos sea superior al 35% de la dotación habitual.
Se han formulado así una serie de restricciones que implican la limitación del movimiento y los desplazamientos salvo determinadas circunstancias: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, asistencia a centros educativos, retorno al lugar de residencia habitual, actividades o trámites administrativos inaplazables incluyendo también casos de fuerza mayor, estado de necesidad o ciertas actividades acreditadas.
Todo esto debe ser analizado con lupa debido al escenario político sobre el cual se desarrolla.
Partido Popular y la Comunidad de Madrid: bastión opositor en España
Que el centro neurálgico de España en los actuales momentos sea administrado por el partido de oposición, y especialmente el Partido Popular, representa un duro golpe para la Coalición PSOE-Podemos. Estos últimos aspiran a ocupar espacios aprovechando coyunturas como la investigación al Rey Emérito Juan Carlos I, el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas para implantar una campaña destinada a la transformación del estado, incluyendo la eliminación de la monarquía como Jefatura de Estado y planteando una constituyente.
No solo Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, sino también el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Díaz Martínez, son miembros del Partido Popular. Esta es una verdad incómoda, acompañada del hecho de que la Comunidad de Madrid estuvo gestionando acciones conducentes a una pronta desescalada.
No olvidemos que Díaz Ayuso tenía muchísimo tiempo solicitando pasar a la fase 2 a fin de que se pudiera reactivar la economía. De hecho, en una declaración a la prensa nacional expresaba que se tenía que “aprender a vivir con el virus”.
También a través de las redes sociales algunos miembros de su gabinete señalaban a ministros del gobierno nacional y sus decisiones enmarcándolos en un tema político y no administrativo. De acuerdo a algunos expertos, todo esto puede desencadenar algo que no sería lo más conveniente para nadie en los actuales momentos como es la moción de censura de la presidenta de la Comunidad y la pérdida de un espacio importante de la oposición política del país que, bien o mal, representa un equilibrio administrativo.
Marchas y Contramarchas
En agosto se dio una marcha multitudinaria en contra de la mascarilla alegando que era una violación de la libertad de expresión. El 12 de septiembre, la “Plataforma Pedro Sánchez Dimisión” convocó a cerca de 3 000 personas que se reunieron en la Puerta del Sol para solicitar la salida del gobierno y su gabinete ministerial.
El 9 de octubre, tuvo lugar otra protesta en contra de la declaración del Estado de Alarma en Madrid, esta vez frente a la Sede del PSOE. Innumerables manifestaciones se han hecho en el vecindario donde actualmente viven el Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias y la Ministra de Igualdad, Irene Montero.
La comunidad de Vallecas también se manifestó ya que el confinamiento y la poca libertad de circulación impactaron en su economía, evidenciando riesgos y pérdidas que ya están viviendo en carne propia.
Es así como el gobierno de España debe enfrentarse a dos retos y peligros; la pandemia que evidentemente no está controlada y con un rebrote importante, y el descontento social, claramente manifestándose en todos los sectores y estratos socio económicos porque la vida continúa y el coronavirus está aquí para quedarse. Y no es lo mismo enfrentar una situación sanitaria de tal envergadura con estabilidad económica que sin ella.
Lo que intenta maquillar el estado de alarma
La limitación de la libertad de circulación, las restricciones y el confinamiento sin lugar a dudas tendrán efectos psicológicos en la población y muy especialmente harán que las personas se enfoquen en un tema en específico: “cuándo se volverá a salir, cuándo se dará el fin del confinamiento, cómo percibir ingresos si me encuentro confinado”. Entretanto, detrás de las paredes, otras cuestiones están aconteciendo y podrían estarse comentando si no se estuviera en una situación tal.
La gestión del ingreso mínimo vital
Si bien esta medida ha sido considerada un evento histórico, son innumerables las denuncias de familias que han recibido un monto equivocado, a les ha sido negado o se les ha aprobado un monto tal que no les aporta un estado de bienestar. Esto sumado a la crisis no deja muy bien parada a la administración central.
Un vicepresidente en la mira
Pablo Iglesias no pasa por su mejor momento a nivel judicial. Primeramente, se ha conocido a través de diversos medios de información que cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han de decidir si procede la investigación en su contra por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa, en el llamado caso Dina.
Por otro lado, se conoció que el Partido Popular llevará ante el Congreso una iniciativa en contra del líder político y actual miembro del gabinete ministerial por sus ataques a la Corona. Para el Partido Popular esto es una operación que pretende atacar de manera sistemática la institucionalidad y cuyo objetivo final es la desaparición de la forma del Ejecutivo que se conoce actualmente.
Vox y la Moción de Censura
Sea un fracaso o no, al menos hará ruido: el 29 de septiembre el partido de ultraderecha VOX introdujo una moción de censura, presentada por Santiago Abascal con referencia a la forma en la cual el gobierno ha manejado la pandemia y ante un posible nuevo encierro.
El plan “no plan” de reactivación de la economía
La verdad es que no hay plan. No se sabe qué pasará. España, que vive de la industria sin chimeneas – es decir el turismo – cierra uno de sus puntos de entrada y salida más importantes, se ve en la necesidad de extender un ERTE que probablemente vaya mas allá del 2021 y se queda sin explicar qué hará en los próximos meses, especialmente con sectores como el de restauración, hospedaje y entretenimiento.
Es por eso que Madrid debe mantenerse en silencio y a la expectativa. No hay explicación del origen del rebrote o si acaso estas cifras se deben a que se están haciendo test masivos, y sin mejora tampoco de las condiciones de los sanitarios, hay un claro mensaje: “El Estado soy yo”. En un estado de alarma el poder lo ejerce el gobierno y juega a la distracción hasta que pase el peligro, pero el peligro político…
Corina Cortés Oliveros es abogado con estudios en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Docente Universitaria, Investigadora y Conferencista Internacional.
