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Por Ángel Manuel García Carmona
España es uno de los países europeos donde hay mayor simpatía, en general, hacia la pertenencia en la oficialmente denominada “Unión Europea”. De hecho, su derecha sociológica (lato sensu) no es tan euroescéptica como, por ejemplo, la británica o la polaca.
Esa posición podría estar relacionada con la contradicción en base a la cual, no son pocos quienes aprueban una mayor centralización político-administrativa. Pero, independientemente de lo anterior, no deja de ser cierto que hay algo de utilitarismo por cuestiones económicas.
Precisamente, esgrimen dos razones de corte malminorista, manifestando una creencia, según la cual, la situación económica sería mucho peor. Se atribuye a la Comisión Europea un rol de promoción de la “responsabilidad financiera y presupuestaria” mientras que se temería el monopolio fiduciario de la peseta en manos de determinados políticos.
En la cuestión presupuestaria, recurren a esas revisiones de los proyectos presupuestarios de los Estados-miembro que hace la eurocracia bruselita, imponiendo determinados objetivos de déficit y advirtiendo de posibles incumplimientos (con respecto a nuestro país, ya se ha hecho en alguna ocasión).
Mientras, en relación al asunto monetario, bien se llega a pensar que hay entidades peores que el Banco Central Europeo (BCE) mientras que, en otras ocasiones, se llega a hacer referencia a esos “criterios más favorables a la austeridad” que han solido emitirse desde el “área norte”: Alemania, Holanda, Austria y Estonia, por ejemplo.
Pero esos presupuestos no son muy acertados, grosso modo, por tres razones: existen varias economías astronómicamente endeudadas aún, muchos criterios “pro austeridad” responden al utilitarismo (el socialismo fracasa en cualquiera de sus modalidades) y la expansión artificial de masa monetaria (más la inflación) son también norma en el BCE.
No obstante, quisiera hacer una puntualización más concreta relacionada con la austeridad. Hay quienes creen que desde Bruselas se pondrán barreras a medidas del Frente Popular instalado en Moncloa, tales como el llamado “ingreso mínimo vital” y las invocaciones a artículos constitucionales que abren la puerta a expropiaciones.
Bruselas da el beneplácito al “exprópiese” empresarial
En cuanto a género de hecho, invocar a artículos constitucionales como el 33 y el 128, para reivindicar expropiaciones (u otra clase de intervenciones de empresas privadas), aprovechando términos como “interés general”, “justificación de utilidad pública”, “función social” o “interés social” no es algo muy exclusivo de España.
El caso es que, además de lo que no debe de resultar como sorprendente (hay que tener presente que la coalición «PSOEMOS» es una consumación del estatismo y la partitocracia, del “régimen del 78”, dejando aparte la ideología de los llamados “podemitas”), hay algunas “perlas” que han procedido del ámbito más eurocrático.
Para comenzar, a principios de este mes, el Alto Representante de Asuntos Exteriores en la Unión Europea, el socialista del PSOE español Josep Borrell, llegó a considerar que la solución está en el endeudamiento masivo así como que la presencia del Estado (visto como “empleador de última instancia”) tendría que aumentar.
Pero es que también, por lo visto, la Comisión Europea trabaja en un “plan de contingencia” contra las “consecuencias económicas” de la crisis del COVID-19 (en realidad, insisto, los problemas financieros ya venían de antes, aunque los negaran, pero sin duda, debidos a las malas praxis endeudicidas y keynesianas) que es “peligroso”.
El caso es que, de manera eufemística, en tanto que se habla de “entradas de capital” y “rescates”, abren la puerta a la “nacionalización” de industrias o empresas que, sobre el papel, puedan considerarse “estratégicas” (y es que, en el discurso, dicen criticar la globalización, pese a que no han dejado de ponerle trabas nunca).
Eso sí, habrían sido países como Alemania, Francia e Italia quienes también habrían estado pushing for esas medidas (la llamada “bota” no es uno de los territorios más fuertes mientras que la industria aeronáutica, con cierta relevancia franco-alemana, prevé cifras negativas, por esas restricciones a la libre circulación).
En cualquier caso, este tinglado de medidas deja a la vista una serie de evidencias, a abordarse a continuación.
Se confirma la tendencia intervencionista de la Unión Europea
La realidad y la práctica nos han permitido observar que la Unión Europea (UE) ha distado mucho de ser un espacio garante del “comercio libre y abierto”, sino de todo lo contrario, procurando centralizar el poder, empleando diversos mecanismos: “tratados comerciales bilaterales”, unificación monetaria, subvenciones, negativa a la “competencia fiscal”.
De hecho, se puede decir que la UE cumple condiciones para ser considerada como una nueva Unión Soviética (ahora bien, no hay gulags controlados por las hordas bruselitas): centralismo absoluto y supresión de los Estados-nación para avanzar hacia el Estado Único Global.
Por lo tanto, no esperen que los burócratas de Bruselas “nos salven”. Ellos son hipócritas, estatistas, intervencionistas, nihilistas y proteccionistas. Lo que toca es denunciar estas amenazas a la propiedad privada y a la libre competencia (los “tigres asiáticos” siguieron el camino correcto) y reivindicar el principio de subsidiariedad bien entendido.
García Carmona es ingeniero de Software. Responsable de Social Media en la Asociación Editorial Tradicionalista.
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