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Los propietarios de inmuebles en Venezuela se levantaron hoy con una ingrata noticia: si llevan más de veinte años alquilando un edificio de su propiedad, estarán obligados a ofrecerlo en venta a los inquilinos.
La medida, tomada unilateralmente por el gobierno, es representativa de la deriva totalitaria del estado venezolano. Con la excusa de favorecer a los inquilinos de larga estancia, que al fin y al cabo no son propietarios porque no pueden permitírselo, lo que consiguen es una expansión del control estatal sobre la propiedad privada, siendo el gobierno y no los legítimos propietarios los que elige a quién y a qué precio pertenecen las propiedades. Precio que, por cierto, lleva meses atascado en un embrollo burocrático, y cuyo monto (de 1.900 bolívares a 8.430 bolívares el metro cuadrado) no tiene en cuenta ni la localización ni la calidad de las viviendas.
Ya es bien sabido que el estado venezolano se preocupa más de hacer leyes para criminalizar a la ciudadanía que de combatir la delincuencia. Se crean criminales nuevos, en vez de reducir los realmente peligrosos, a golpe de ley, como instrumento de control. Uno se levanta por la mañana y de repente tiene que pagar una multa, o deshacerse obligatoriamente de una propiedad a partir de cualquier excusa, por decisión de algún político con el único interés de controlar las vidas de los ciudadanos. Someterse, o convertirse en criminal.
Es esta inseguridad jurídica la que está deshaciendo el tejido económico del país. Cuando la incertidumbre es tan grande, uno no se lanza a abrir un negocio, o cierra el que ya tiene por miedo a que lo acaben culpando de algo.
Por otro lado, es curioso observar lo bizarro de las formas en que la población consigue evadir las leyes. Cuando se instauró el control de cambio, el estado entregaba un cupo de dólares a los viajeros internacionales en sus tarjetas de crédito. Así que los venezolanos compraban billetes de avión sin importar el destino, para viajar y conseguir los dólares en efectivo, que en el mercado negro aun cotizan muy por encima del precio oficial. Consecuencia: con los billetes agotados a meses vista, no se podía salir en avión de Venezuela.
Los controles de precios siempre conllevan efectos inesperados. En Alemania, durante la segunda guerra mundial, se establecieron controles de precios para los cerdos; los ganaderos pasaron a vender sus cerdos al precio establecido, pero con la condición de que además se comprara un perro, a un precio que se parecía mucho al precio real del cerdo. El cliente abandonaba al perro a los pocos kilómetros, que volvía junto a su dueño para la siguiente transacción.
Uno se puede imaginar el efecto de la medida sobre los alquileres de inmuebles: si van a ser expropiados o forzados a vender, los propietarios no alquilarán, se reducirá drásticamente la oferta de vivienda en alquiler, y la gente a la que se suponía se iba a proteger se encontrará con precios más altos por el riesgo generado y la falta de oferta, o se verán obligados a acudir desprotegidos al mercado negro. Todo lo contrario de lo que se pretendía.
Entonces, ¿era la intención mejorar las condiciones de los inquilinos (con lo cual la medida sería estúpida)?, ¿o aumentar el control sobre la vida de los ciudadanos (con lo cual sería perversa)?
No sé qué es peor, un gobierno estúpido o un gobierno perverso. Pero, o cambia la situación, o la única solución será, como decimos en España, “apaga y vámonos”.
