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Por Alejandro Cajas
EnglishEn las últimas semanas los medios de comunicación han dado gran protagonismo al caso “Pentagate”, refiriéndose a la investigación que busca aclarar si las boletas que fueron emitidas a empresas Penta por personas ligadas a candidatos de las elecciones pasadas corresponden a una fórmula para desviar fondos a campañas. Sea cual sea el resultado de la investigación, la situación ha favorecido un interesante debate sobre el financiamiento permanente de la actividad política chilena.
Primero me pregunto si creemos que es conveniente que exista la actividad política y que esta pueda conseguir suficientes recursos para financiar sus acciones. En mi opinión, la calidad de la política que se ejerza en cada país define críticamente la calidad de las instituciones, de las políticas públicas, del funcionamiento del Estado, y como consecuencia, la calidad de vida de quienes conviven en ese país.
De mejorar la calidad de la política se sigue que esta obtenga buen financiamiento, pues —más allá del altruismo que supone el trabajo por promover el bien común— es importante que esta actividad sea capaz de atraer talento al sistema. La calidad de la política depende de la calidad de las personas dispuestas a destinar su tiempo, capacidades y energía en esta actividad.
La solución estatal es la respuesta más cómoda e indiferente, y esconde la visión más egoísta del hombre: ser un espectador de los problemas de la sociedad.
Entonces surge la pregunta de cómo financiar la política. ¿Debe ser el Estado quien financie permanentemente los partidos políticos? No. La solución, en mi opinión, está en las personas y no en el Estado.
La solución estatal es la respuesta más cómoda e indiferente, y esconde la visión más egoísta del hombre: ser un espectador de los problemas de la sociedad, apuntar con un dedo hacia arriba y decir “que el Estado lo solucione, para eso pago mis impuestos”.
Por el contrario, soy un convencido de que las soluciones que provienen de las múltiples e infinitas iniciativas de las personas son capaces de enfrentar los problemas de nuestra sociedad. En este caso particular, el proyecto de ley sobre la materia, que el Gobierno anuncia enviar en diciembre al Congreso, debería contener las mayores facilidades para fomentar el financiamiento permanente de la actividad política directamente desde las personas.
Eso sí, es importante que esos aportes sean hechos por personas naturales y no por personas jurídicas. Las empresas no tienen opinión, sino que –legítimamente— tienen intereses y hacer un aporte para el financiamiento permanente de un partido pone en riesgo la transparencia y confianza en el sistema. Aunque nunca se obre de mala fe, existe la sospecha del cruce entre esos intereses y el aporte, y debe evitarse esa sombra.
La actividad política es clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y necesita de las mejores personas destinando su tiempo y talento en ella. Para ello es importante que pueda financiar su acción, pero hacerlo exclusivamente desde el Estado sólo transformaría a los partidos políticos en otros clientes del Estado y, además, otorgaría a este un poder muy grande: cortar la llave de los recursos, sino se comportan como el Estado quiere.
Lejos de la visión más egoísta del ser humano, aquella que se aleja de los problemas y apunta al Estado para que lo solucione todo, estoy convencido que las personas debemos aportar directamente al financiamiento permanente de la política, como también de la cultura, salud, educación, superación de la pobreza, etc. La tarea del Estado, en este caso, es proponer las condiciones más favorables que fomenten esta participación y financiamiento ciudadano directo.
Alejandro Cajas es ingeniero comercial y director ejecutivo de la Fundación Cientochenta.
