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EnglishEl 1 de octubre pasado en la Ciudad de Guatemala comenzó el juicio contra el jefe de un comando de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, acusado de “masacre” y “quema” de la embajada de España el 31 de enero de 1980.
El juicio, como era de esperarse, se ha convertido en un show mediático con actuación estelar de la destacada actriz y escritora guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, quien, por sus capacidades teatrales y literarias, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992.
Resumamos los hechos para los lectores que no están al tanto de lo sucedido en aquel evento. El 31 de enero de 1980, año del conflicto armado interno entre los guerrilleros marxistas y las fuerzas del Estado, un grupo de unos 30 “pacíficos” campesinos y estudiantes del departamento de El Quiché, armados con machetes y bombas molotov, irrumpió en la embajada española en la capital guatemalteca para “llamar la atención del mundo sobre las barbaridades que se cometían en el país”.
Estos guerrilleros, todos representantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y encabezados por el comandante Vicente Menchú –padre de la actriz guatemalteca más famosa–, muy pacíficamente tomaron como rehenes al personal de la embajada y todas las personas que se encontraban allí.
Muy por casualidad –demasiada para mi gusto– estaban reunidos con el embajador español Máximo Cajal varios importantes políticos guatemaltecos: el exvicepresidente Eduardo Cáceres Lehnoff, el excanciller Adolfo Molina Orantes y el abogado Mario Aguirre Godoy. Todos ellos fueron convocados por Cajal para esta fecha y esta misma hora a la embajada. Muy por casualidad también, unos días antes el embajador Cajal había visitado El Quiché, donde se había reunido con los guerrilleros del CUC y con el comandante guerrillero Gustavo Meoño, quien “casualmente” ahora está a cargo del Archivo de la Policía Nacional Civil.
El día del evento, 31 de enero, la secretaria de Cajal llamó insistentemente a los tres políticos guatemaltecos para recordarles de la reunión y pedir que llegaran puntuales. Al tomar a los rehenes, los “pacíficos” los amenazaron y se encerraron con ellos en la embajada.
El embajador Cajal, al permitir el acceso de los terroristas –en Guatemala, como en cualquier parte del mundo, las personas que cometen delitos de secuestro y asesinatos masivos son considerados terroristas– violó el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de esta manera se convirtió en uno de ellos. Por otro lado, el mismo Cajal prohibió a la policía guatemalteca entrar al inmueble español para que liberara a los rehenes. Todo esto pasaba ante los ojos de los transeúntes y simples curiosos que estaban en el lugar de los hechos en el momento del secuestro de la embajada.
Sin embargo, la policía desobedeció la prohibición de Cajal e intentó penetrar en el edificio, de donde recibían constantes llamadas telefónicas de los rehenes para pedir auxilio. Los policías antimotines avanzaron, rompieron la puerta del despacho del embajador –donde estaban reunidos los terroristas armados con bombas molotov y adonde llevaron a los rehenes– y dispararon.
Las bombas comenzaron a explotar, lo que provocó un incendio con el saldo de 37 muertos (todos calcinados). De los que estaban en aquel salón, sólo se salvaron el propio embajador Cajal –demasiada casualidad para mi gusto– y un campesino que, dos días después, fue secuestrado del hospital y asesinado por unos desconocidos.
Le recomiendo al lector un análisis serio realizado por el veterano periodista y exdiplomático guatemalteco Jorge Palmieri sobre todo lo sucedido. La opinión de Palmieri se basa no sólo en el análisis de la prensa de aquella época, tanto guatemalteca como española, sino también en sus propias observaciones ya que él fue testigo de los hechos al llegar a la embajada española.
Por supuesto que la guerrilla guatemalteca siempre ha insistido en que todo lo sucedido es la culpa de las fuerzas de seguridad del Estado. Era más que evidente que en algún momento los terroristas, derrocados en el conflicto armado, cambiarían las armas por otros medios y buscarían la venganza.
Después de la firma de los Acuerdo de Paz en 1996, Rigoberta Menchú intentaba sin éxito llevar su venganza a los tribunales europeos. No obstante, sus solicitudes fueron rechazadas. Con esta apertura del juicio en Guatemala, los exguerrilleros comprueban una vez más que no están dispuestos a afrontar la verdad y que el negocio de la miseria de su propio país es más importante para ellos.
Las patéticas imágenes de Rigoberta Menchú llorando con lágrimas de cocodrilo en el juicio por querer “cerrar un capítulo de 34 años” podrían convencer a los ingenuos e ignorantes. O a los interesados en el negocio de la venganza guerrillera.
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