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EnglishEl Congreso de Estados Unidos podrá haber aprobado un parche temporal para los ingresos del Fondo Federal de Autopistas para este verano, pero el debate sobre la recaudación y el gasto en materia de transporte está lejos de concluirse. Las correcciones de corto plazo no aportan nada para resolver los problemas estructurales, de largo plazo, que afectan a la infraestructura de transporte del país.
El problema central es que la mayoría del debate sobre políticas de transporte está teniendo lugar en Washington, DC, y no en las legislaturas estatales. Tal como lo explicó el secretario de Transporte Anthony Foxx, el transporte “es un tema donde los Estados deben tomar sus propias decisiones”.
La descentralización del confuso y concentrado sistema de financiamiento del Gobierno federal podría resultar en una mejor gestión, ajustada a las necesidades de cada Estado, y con menos desperdicios.
El sistema de transporte de EE.UU. necesita de mucha inversión en las próximas décadas. De hecho, la mayoría de las carreteras y puentes tienen más de 50 años de antigüedad. Robert Poole de la Fundación Reason arribó a la conclusión de que modernizar solamente el Sistema de Autopistas Interestatales costará alrededor de US$1 billón — y los actuales sistemas de financiamiento, sumados a las riñas políticas internas son incapaces de hacer frente a semejante carga.
Ademas de la modernización, la Oficina de Presupuesto del Congreso reportó que las millas recorridas por vehículo se han duplicado desde la década de 1980, mientras que la cantidad de carriles en autopistas se ha mantenido prácticamente inalterada. Del mismo modo, la aparición de nuevos vehículos se traducirá en un aumentó de la demanda de viajes.
Es inevitable: el sistema de transporte requiere de alternativas de financiamiento más innovadoras y sostenibles para poder afrontar los desafíos venideros. Con un Congreso estancado postergando el financiamiento que requiere la infraestructura de transporte, la descentralización se convierte en una alternativa fascinante.
El nobel de economía James Buchanan escribió en extenso sobre la importancia del federalismo, un sistema donde el poder político está dividido entre los diferentes niveles de Gobierno. Permitir que los Gobiernos estatales asuman el control sobre el financiamiento, y recurriendo a alternativas como los los peajes electrónicos y alianzas público-privadas, Estados Unidos podría finalmente experimentar una mejor política que la actual planificación federal jerárquica.
Los problemas con la centralización son diversos, las políticas federales paralizan la creatividad y la innovación.
Existe una diferencia fundamental entre un problema nacional que requiere intervención del Gobierno federal, como puede ser un conflicto internacional, y un problema que incumbe a muchos Estados en el país. En este caso, el verdadero federalismo le permite a cada Estado experimentar con nuevos mecanismos de financiamiento, y a otros aprender de sus éxitos y fracasos. Este proceso de descubrimiento nos guía hacia los mecanismos más eficientes de financiación.
Este año, el presidente Barack Obama envió al Congreso un proyecto de ley que eliminaría la prohibición federal que recae sobre los Estados respecto del establecimiento de peajes en los sectores de las autopistas interestatales que atraviesan su territorio para restaurarlas. El levantamiento de esta restricción es un primer paso muy necesario para devolverle las facultades de financiación a los gobiernos Estatales y las municipalidades locales. De concretarse, los Estados tendrían una mayor autonomía para decidir cómo recaudar, cómo financiar proyectos de infraestructura, y administrar las congestiones vehiculares. Además, los usuarios de carreteras podrían ver la relación entre lo que pagan y a qué proyectos se destina su dinero.
Dejando de lado esta ínfima medida, se pueden realizar muchas otras reformas a los programas de transporte.
Un recorte en la asistencia federal alentaría a los Estados a buscar las mejores alternativas en materia de recaudación. Por ejemplo, los Estados podrían embarcarse en ambiciosas alianzas público-privadas, vendiendo la infraestructura a empresas privadas, agregando peajes a sus autopistas, entre otras ideas.
El Servicio de Investigación del Congreso menciona “en general se cree que hay cientos de miles de millones de dólares de fondos privados disponibles a nivel mundial para la inversión en infraestructura, como por ejemplo para el transporte de superficie”. Delegar las decisiones de transporte a los Gobiernos estatales podría atraer miles de millones de dólares en financiación de origen privado. De la misma manera que el financiamiento descentralizado permite la elaboración de proyectos con mayor flexibilidad y una reacción más rápida, hay menos obstáculos burocráticos que eludir.
Un control más descentralizado sobre el financiamiento y construcción de autopistas resultará en un incremento de las asociaciones entre el sector público y privado, en las cuales entidades públicas y privadas se unen para financiar, construir, y administrar proyectos de infraestructura. Esto generalmente implica que los riesgos asociados a los megaproyectos son transferidos al sector privado, así el impacto del costo total sobre los contribuyentes es menor y pueden continuar disfrutando los amplios beneficios que otorga el acceso a los proyectos concluidos.
