EnglishEl último sondeo realizado por la encuestadora Datanálisis en 1.300 hogares de distintos estratos socioeconómicos de Venezuela, evidencia que 79% de la población siente que la situación del país es negativa. Incluso la mitad de quienes se identificaron como chavistas se sienten así. Pero no es esa la expresión que se ve diariamente en las calles del país, en donde la rutina para conseguir ingresos familiares parece priorizarse sobre cualquier iniciativa de protesta.
En la encuesta, publicada por el diario El Universal, una serie de culpables aparece en la lista de respuestas: El presidente Nicolás Maduro es el principal según 31,8% de los encuestados, seguido por “el pueblo” egún el 17,2%, los partidos de oposición se llevan 5% de esa atribución e incluso Estados Unidos aparece como el responsable para 1,3% de la muestra.

59,1% respondió que Maduro debía abandonar el poder este mismo año. 20,1% piensa que debe hacerse a través del referéndum revocatorio, que sería en 2015.
Desde febrero se vienen llevando a cabo diversas muestras colectivas de descontento en Venezuela. De los 70 días que transcurrieron durante las protestas resultaron 41 muertos, y en total 800 personas fueron heridas, 2.523 detenidas y 197 permanecen en la cárcel. Pero al día de hoy, la insatisfacción dejó de manifestarse en las calles del país.
Tres factores se esconden detrás de este fenómeno: El aparato represivo del Estado –que ha golpeado a los manifestantes con toda su fuerza-, el asesinato de civiles por parte de grupos de motorizados armados y una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que permite la represión policial de protestas que no tengan permiso previo, aunque sean pacíficas.
Un informe sobre Venezuela publicado ayer por la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRG), titulado “Castigados por protestar. Violaciones de derechos en las calles, centros de detención y en el sistema judicial en Venezuela”, confirma el uso ilegítimo de las fuerzas policiales y militares, cuestiona la actuación de funcionarios judiciales al respecto y documenta 45 casos que involucran a 150 víctimas a quienes se les violaron sus derechos.
En general, demuestra que el sistema judicial venezolano ha fallado en proteger a la población del abuso de poder del Estado, y que más bien ha facilitado la violación del debido proceso. En ese sentido, la HRW pide que se restaure la credibilidad en la Corte Suprema con una renovación transparente de sus magistrados.
La violencia estatal y la desplegada por sus grupos aliados, elimina para el venezolano promedio la posibilidad de protestar libremente. Tales argumentos deberían ser suficientes para quienes ponen en duda el descontento masivo. La negativa de salir a las calles aumenta cuando quienes tienen la necesidad de protestar creen en la democracia y los Derechos Humanos y no están dispuestos a empuñar armas o medios violentos para demostrar sus ideas.
La disminución de la ola de protestas juveniles en las calles de San Cristóbal y Caracas evidencia la negativa del movimiento estudiantil a decantarse por el camino violento. Las últimos hechos de represión y las detenciones de estudiantes manifestantes en los estados Zulia y Bolívar (al occidente y sur), y el asedio a la Universidad Fermín Toro (UFT) en Barquisimeto (en el centro-occidente) por parte de grupos civiles armados, confirman la marcada tendencia oficial a amedrentar a través de la violencia.
Pero más que a los hechos vandálicos, Nicolás Maduro debe temer a la acumulación de la furia ciudadana, que aumenta en proporción a las restricciones que el gobierno impone sobre su capacidad para expresarse pacíficamente. Para muestra, la encuesta de Datanálisis reveló que 59,1% de las personas cree que Maduro debe finalizar su mandato antes de que termine su período presidencial.