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EnglishLo que era un rumor en Venezuela, este lunes fue confirmado; el Gobierno de ese país obliga a las industrias de alimentos privadas a entregar hasta 100% de su producción a los abastos y supermercados estatales.
Pablo Baraybar, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), explicó que la Superintendencia Nacional Agroalimentaria, — ente gubernamental encargado de establecer cómo es la distribución de alimentos en ese país—, ordenó a sus empresas afiliadas desviar sus alimentos para entregarlos en su mayoría a Pdval, Mercal, abastos Bicentenario y otros establecimientos de la red pública.
En Venezuela, la distribución de los alimentos es supervisada por el Gobierno; es el Ejecutivo el que decide cuál será el destino de los productos fabricados en ese país.
De acuerdo con Baraybar, la red privada de supermercados, abastos y bodegas tiene 15 veces más locales que la red pública. El representante de la Cámara de alimentos informó que son 7.245 comercios oficiales y 113.000 privados; esto quiere decir que el Gobierno destinará la mayor cantidad de alimentos producidos solo a un sector, desatendiendo la red privada, la cual es mayoría.
Con las expropiaciones efectuadas por el Gobierno venezolano desde hace más de una década, hay 230 empresas de alimentos en manos del Estado, pero paradójicamente 80% de los alimentos que se consiguen en la red pública son producidos por privados.
En relación con esto, Baraybar afirmó: “Si todas las industrias expropiadas estuvieran operando al 100% de su capacidad, se podría atender a los comercios oficiales, y no sería necesario desviar mercancía de los privados”, dijo.
Baraybar afirmó que la nueva medida no va a solucionar las fallas de abastecimiento y que tampoco se evitará el llamado “bachaqueo” (reventa informal de productos básicos con sobreprecio)
“No se trata de desviar lo que se produce, la fórmula que Cavidea ha propuesto siempre es que hay que producir más (…) 67% del bachaqueo ocurre en los canales grandes, públicos y privados. Cuanto más se desvíe, más se estará permitiendo el bachaqueo”, dijo.
Menos alimentos, más inflación
Venezuela, el país que en los últimos años se ha caracterizado por las grandes filas en los abastos públicos y privados, tiene una escasez de alimentos y productos que ha llegado a un tope de 80%.
En junio, una encuesta de Datanálisis, reflejó que la escasez promedio para mayo se ubicó en 58,4%, y la de alimentos en 60,7%. Hoy, el país suramericano amaneció con la noticia de que la canasta básica familiar subió a 54.204,69 bolívares.
Eso significa que los venezolanos no solo deben enfrentar desabastecimiento, sino que además los escasos alimentos que se consiguen aumentaron casi 27% en un mes.
El Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) calificó como un “aumento histórico” el hecho de que con respecto al mes de mayo, el aumento total fue de Bs. 11.357,78. Esto significa que se necesitan ocho salarios mínimos para poder adquirir la Canasta Básica Familiar, para un grupo conformado por cinco miembros.
Controles y “Guerra Económica”
Aunque el Gobierno controla los procesos de comercialización en Venezuela, desde la materia prima llega al sector privado, el destino de los productos y los costos de los mismos, el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro responsabiliza al sector empresarial por la crisis generalizada que vive ese país y la califica como “guerra económica”.
El Gobierno venezolano también ha mantenido un sistema de control de cambio que opera desde el 2003 y que deja en manos del Estado la administración de las divisas. El presidente de Cavidea, Pablo Baraybar informó que en la industria de alimentos hay plantas paralizadas por el retraso en la entrega de divisas. Dijo que en lo que va de año, el sector no ha recibido liquidaciones, por lo que la deuda con los proveedores ascendió a US$ 1,4 millardos.
Por otra parte, la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, presidida por Francisco Martínez, explicó cuál es la situación del sector empresarial.
“La gran mayoría de las empresas” tiene severos problemas de inventarios y no tienen capacidad de reposición de sus productos, pues no pueden vender y tener las rentabilidades adecuadas”, aseguró.
Martínez también explicó la importancia de eliminar normativas de control como la Ley de Precios Justos que establece ganancias sobre los costes no mayores a 30%, y asegura que “atenta contra las libertades económicas” consagradas en la Constitución.
