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El Gobierno de Mauricio Macri está en el centro de la polémica tras tomar la decisión de utilizar los datos personales de todos los argentinos que estén registrados en las bases de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para aplicarlos a estrategias de comunicación del gobierno nacional.
La medida, aprobada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, establece que la Secretaría de Comunicación Pública podrá usar para sus campañas la información los datos de 16 millones de ciudadanos que están registrados en la Anses
Según lo que se publicó en el Boletín Oficial, la Anses remitirá periódicamente su base de datos a la Secretaria de Comunicación Pública, para que pueda “mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona”.
Los datos que el Gobierno tendrá a disposición para hacer publicidad oficial incluirá nombre y apellido, DNI (documenta nacional de identidad) , CUIT/CUIL (clave única de identificación tributaria/laboral), domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil, y estudios.
La decisión del gobierno no fue bien recibida por la oposición que inmediatamente expresó su rechazo por considerar que el Estado estará violando la intimidad de los ciudadanos.
La diputada nacional Graciela Camaño anunció que hará una presentación judicial en contra de la medida. En este sentido dijo que lo que pretende hacer el Ejecutivo con el Anses viola la ley 25326 y el artículo 43 de la Constitución nacional, que en el párrafo 3 establece el derecho a los datos personales.
Por su parte, la diputada por Libres del Sur, Victoria Donda, comentó que los datos de los ciudadanos deben ser protegidos y solo deben ser usados para políticas de Estado de carácter social. «Que el gobierno lo use para políticas de publicidad de comunicación está mal, si encima tiene otra intención que puede ser como persecución interna, me parece peor y justifica otro tipo de intervención», señaló.
El diputado nacional del bloque kirchnerista Frente para la Victoria, Andrés Larroque, catalogó la decisión como «caja de Pandora», y consideró que es «muy grave» porque implica que «los expertos en campaña sucia van a manejar la información de todas las personas».
El secretario general de Anses, Alejo Maxit, defendió el acuerdo con el Ejecutivo señalando que no tienen intención de hacer propaganda, sino de «comunicar los beneficios que tiene Anses». «Toda la información que compartimos con Jefatura de Gabinete está amparada dentro de la ley», dijo el funcionario.
«Tenemos la AUH (Asignación Universal por Hijos) donde hay más de 1 millón de chicos que tienen el derecho y no la están cobrando. Con una comunicación más dirigida esa población podrá acercarse y tener el beneficio que es su derecho», explicó Maxit.
El Jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno no tiene intención de “usar la comunicación pública como herramienta política”, ni se va a «espiar a nadie». Explicó que el objetivo es mejorar la capacidad del Estado de llegar con información a los ciudadanos.
“No se trata de información confidencial que vulnera la intimidad de ningún ciudadano (…) se busca trabajar en la cooperación dentro del Estado para mejorar la comunicación con los ciudadanos”, agregó Peña.
El funcionario dijo que el caso de la devolución del IVA a los jubilado es un tema que requiere de una comunicación adecuada de parte del Estado para poder llegar a más personas y explicarles todos los beneficios.
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