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“Las víctimas fueron sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos”, esas fueron las palabras de Paolina Massidda, la jefe de la Oficina de Defensa de las Víctimas en la Corte Penal Internacional (CPI), en el segundo día de sesiones para resolver la apelación que presentó el régimen chavista contra la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Fueron dos días de audiencias donde la dictadura de Nicolás Maduro quiso frenar la investigación que la CPI autorizó continuar en junio de este año por los abusos del régimen. Sin embargo, cada argumento del chavismo quedó invalidado ante las palabras de los jueces, que hasta objetaron el “lenguaje irrespetuoso” de la comitiva venezolana, tal como lo hizo Marc Perrin de Brichambaut, magistrado en La Haya.
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Massidda, jefe de la Oficina de Defensa, también aseguró que las víctimas de la dictadura chavista “subrayaron que han estado esperando casi 10 años para que se realice una investigación adecuada de los trágicos eventos que sufrieron”, sin que las autoridades de ese país ofrezcan soluciones. Estas, vienen presionando para que el régimen siga bajo investigación. Por ejemplo, en abril de este año 8900 víctima de crímenes de lesa humanidad en Venezuela apoyaron el avance de las averiguaciones por delitos que van desde el asesinato, torturas, violación u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, persecución política y otros abusos.
Así de puntual y enfática es la conclusión de la representante de las víctimas ante la Corte Penal Internacional CPI. pic.twitter.com/SCSY2rMKzJ
— Sebastiana Barráez (@SebastianaB) November 8, 2023
Excusas chavistas en La Haya
El chavismo buscó defenderse de los argumentos de los jueces. Uno de sus representantes presentó la excusa de que no tradujeron los documentos presentados a los idiomas oficiales de la instancia internacional porque “muchos países pobres utilizan el español” y que “Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto”.
Agregó que traducir más de 25000 páginas de documentos presentadas tendría “un costo muy alto y tomaría demasiado tiempo” ya que traducir unas cuatro hojas demoraría unos 10 días. Fue una manera de esquivar el señalamiento de la Corte respecto a lo poco claro, evasivo y extenso que resultó ser el texto de la apelación.
Sumado a eso, Yvan Gil, ministro de exteriores de la dictadura venezolana, dijo a la CPI que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en el país sino “un puñado de incidentes” y que “se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos”. Sus palabras que fueron desmontadas no solo en la sala, sino por expertos que siguen de cerca los casos de las víctimas, como Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute.
#Venezuela. Esto es el principal argumento de la Dictadura. Que no son crímenes de lesa humanidad sino que en Venezuela pueden investigarse como procedimientos ordinarios.
No lo son! Son Crimenes de Lesa Humanidad por su sistematicidad, generalidad y planificación….y porque… https://t.co/KiKeTkfIHx
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) November 8, 2023
La conclusión de la CPI tras las sesiones para resolver la apelación de la dictadura de Venezuela, fue contundente: “Las víctimas solicitan respetuosamente que la sala de apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme la conclusiones de las salas preliminares que justifican que el fiscal reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron”, dijo la juez Paolina Massidda.
