Unos 600 ciudadanos cubanos no podrán salir de su país por tener “deudas significativas” con el fisco, indicó en un comunicado la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). Como resultado, según la ley 113, “las sanciones no pecuniarias pueden ser el cierre de establecimientos, el embargo de cuentas bancarias”, e incluso “la regulación o prohibición de salida del país”.
Así como los actuales y futuros “deudores” no podrán salir de Cuba, tampoco podrán entrar aquellos que “viajaron antes de que les fuera determinada la deuda y notificada la regulación”. Además, en caso de que no paguen, pueden ser acusados de evasión fiscal y cumplir penas de prisión. La medida no solo luce arbitraria en lo que respecta al derecho humano a transitar libremente, sino que además evidencia la necesidad de recursos y de represión a sus ciudadanos por parte del castrismo.
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Los hechos hablan por sí solos. Tras la pandemia, mermó la fuente de ingresos por turismo, al igual que el cobro por las misiones médicas calificadas por la ONU como “trabajo forzoso” y por parlamentarios europeos como “esclavitud moderna”. Ahora, sin muchas opciones, desde La Habana apuntan al bolsillo de los ciudadanos y, por ende, a una persecución fiscal que incluye prohibición de salida del país, una aberración que por décadas fue la regla en Cuba.
Isla convertida en cárcel
A lo largo de su historia, el castrismo se ha encargado de controlar cada aspecto de la vida de los habitantes de Cuba. Desde lo que comen, hasta lo que dicen o piensan. Este totalitarismo se extendió por décadas, a partir de que Fidel Castro tomó el poder en 1959. Por ejemplo, hasta el año 2012 los cubanos debían pedir permiso al Estado para salir del territorio, lo que incluía la presentación del pasaporte y la visa del país de destino más un engorroso y costoso proceso administrativo. Era una especie de cárcel, que sumado a la grave situación económica, provocó el éxodo en masa de cubanos en improvisadas balsas, crisis que hoy sigue dejando saldos lamentables de muertos y desaparecidos por las aspiraciones de pisar suelo estadounidense.
Luego, en 2012 —bajo el mandato de Raúl Castro— se puso fin a la histórica medida de pedir permiso al Estado para salir de Cuba. El cambio también extendió de 11 a 24 meses el tiempo máximo de permanencia en el exterior sin tener que renovar papeles. Las autoridades dijeron en ese momento que era la “modernización” de las leyes de migración.
En la práctica, la situación no ha mejorado mucho por distintas razones, entre estas el elevado costo de los pasaportes. Actualmente, las personas con residencia permanente en la isla, deben pagar 2500 pesos cubanos, monto que superan los 2100 de salario mínimo vigente desde inicios de este año. Es decir, el precio del documento es mayor al ingreso mensual de los ciudadanos que, de por sí, padecen una grave crisis económica con escasez de productos y servicios básicos casi inexistentes. Este breve resumen sirve para comprobar que no importa la excusa, la dictadura cubana mantiene el cerco para sus ciudadanos. Sea dificultándoles de cualquier manera el proceso de salida o desatando una persecución fiscal, que en todo caso corrobora que Cuba sigue siendo una isla convertida en cárcel.
Dictadura sin dinero
Ahora bien, esta prohibición contra 600 contribuyentes por “deudas significativas” ocurre en medio de reportes alarmantes para el dictador Miguel Díaz-Canel. Para tener mayor idea, en 2019, previo a la pandemia por coronavirus, Cuba recibió a 4,2 millones de turistas. El año pasado ese número se redujo a 1,6 millones, según Business Insider. Tal como apuntó Ciber Cuba, la isla “está desapareciendo del mapa turístico”, ya que las aerolíneas están eliminando el destino de sus itinerarios. Respecto a la ocupación hotelera, siete de cada diez habitaciones están vacías, de acuerdo con fuentes oficiales. El resultado se traduce en menos ingresos en divisas para el régimen.
Las remesas también disminuyeron. Se trata de otra importante fuente de ingresos para la dictadura, gracias a un esquema donde los dólares entran a cuentas bancarias de empresas manejadas por la estatal GAESA, y el ciudadano receptor recibe pesos a un cambio menor a su valor real. En 2019, los envíos ascendieron a 3.128,93 millones de dólares. Pero en 2021 marcaron 1.084,01 millones de dólares, según registró Havana Consulting Group.
En consecuencia, el comunismo cubano está urgido de oxígeno económica. Algo que estaría buscando hacer por otras vías, como la presunta red de tráfico de personas enviadas a Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania a cambio de dinero, y ahora, con el aumento de restricciones para garantizarse el cobro de impuestos y la evidente persecución fiscal a los ciudadanos, prohibiendo incluso salir de Cuba a quienes no ayuden a llenar las arcas de la cúpula castrista.