Con 80 votos a favor y apenas 19 en contra, el Congreso de Perú ratificó que el derecho a proteger la vida y la propiedad, por medio de la legítima defensa, son legales. En contracorriente con el activismo judicial que impera en la región, Perú despenalizó el uso letal de la fuerza en el mencionado contexto. Aunque ya era un derecho garantizado de los peruanos, el Poder Legislativo aprobó medidas que aclaran temas que hasta ahora eran grises.
Por ejemplo, el principio de proporicionalidad ya no exige que para usar un arma de fuego sea necesario que el atacante también lo posea. Es decir, si una persona armada con un cuchillo agrede a otra, esta se puede defender con una pistola.
«En otros países debes esperar que te estén matando para actuar», reprocha Lizandro Bonilla, comunicador social y analista político. Durante su entrevista con el PanAm Post el conductor del programa Un Pata Libre explicó que no se ha creada nada nuevo. Simplemente se eliminó los vacíos legales que vulneraban a la población en caso de aplicar la legítima defensa.
El progresismo no vela por los DDHH de quienes están a la derecha
Sucede lo contrario que en los países vecinos donde el “garantismo” jurídico califica al malhechor como vícima de la sociedad y a las fuerzas del orden como el brazo ejecutor del Estado opresor. Lo cual se traduce en políticas, y sobre todo en cortes, que priorizan los Derechos Humanos de los delincuentes por encima de los humanos derechos.
También en Perú hay quienes se alinean con ese pensamiento. Sobre todo en los sectores “progresistas”. Bonilla destaca a una activista en particular, Rosa María Palacios. Ella acusa que la situación actual vulnerará a las mujeres en relaciones violentas. Pero Bonilla sostiene que sucede lo contrario. Ahora las mujeres literalmente tendrás más herramientas para protegerse en caso de una agresión.
Ahora que Perú despenalizó el uso de la legítima defensa las personas de ambos sexos podrán defenderse en caso de un ataque, sin temor a ser perseguidos.