English Version
Las firmas para que se instale la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ya están completas. El diputado federal Marcel van Hattem anunció que su iniciativa obtuvo el apoyo de 185 diputados, con lo cual superó el mínimo de 171 rúbricas requeridas y, por ende, presentó la solicitud para su implementación en la Cámara de Diputados por “abuso de autoridad” por parte del máximo tribunal y del órgano electoral.
- Lea también: Bolsonaro sostuvo una reunión no agendada con militares
- Lea también: Brasil: ¿Hay ahora más persecución y censura que en el régimen militar?
Un solo día le bastó a van Hattem para conseguir el espaldarazo de sus colegas en la Cámara baja con el objetivo de poner la lupa sobre las últimas decisiones del STF y del TSE, enfocadas en censurar y objetar todos los reclamos relacionados con presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que resultó electo Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen de 1,8 %.
El diputado avanza con este recurso mientras que por otro lado el magistrado Alexandre de Moraes se esfuerza por frenar una solicitud del Partido Liberal para anular dichas elecciones. En consecuencia, en Brasil se libran al mismo tiempo dos pugnas entre funcionarios de distintos organismos del Estado: unos que exigen respuestas sobre inconsistencias en varios modelos de las máquinas de votación, según el informe técnico presentado por el PL, y otros que desestiman y censuran todos los reclamos. Hay analistas que incluso reflexionan si Brasil podría estar padeciendo ahora más persecución y censura que en el régimen militar.
“Hemos llegado a un momento en el que tenemos una gran confusión de poderes. Por lo tanto, es función del Parlamento investigar los abusos cometidos por las autoridades. Entendemos que absolutamente nadie puede estar por encima de la ley”, declaró el diputado.
CPI do Abuso de Autoridade do STF e TSE acaba de atingir o número mínimo de assinaturas! https://t.co/Ng9pLtB8zI
— Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) November 24, 2022
“Abusos contra la ciudadanía”
Los 181 legisladores que firmaron a favor de la Comisión Parlamentaria de Investigación lo hicieron en representación de 19 estados y 12 partidos políticos. El documento que presentó van Hattem cita “innumerables violaciones de derechos y garantías individuales contra ciudadanos brasileños, políticos y también contra personas jurídicas, perpetradas por ministros de las cortes superiores”.
Y para demostrar el abuso de poder, menciona el bloqueo de cuentas bancarias de 43 personas físicas y jurídicas, censura contra parlamentarios y un excandidato a la vicepresidencia, y “acciones de cateo y allanamiento en domicilios de empresarios por haber compartido mensajes en grupos de WhatsApp”. Un listado de acciones sistemáticas lideradas por el magistrado Alexandre de Moraes en su empeño por negar la existencia de cualquier reclamo alrededor del balotaje que le dio la victoria por un minúsculo margen a Luiz Inácio Lula da Silva, promotor del socialismo y amigo de los mayores dictadores de América Latina.
Que ahora se presente esta solicitud demuestra que los funcionarios conservadores están prestando atención al clamor de los electorado de Jair Bolsonaro que salieron a las calles a rechazar los resultados y denunciar presuntas irregularidades. Y aunque los canales que están usando para pedir auditorías de máquinas son legales, el Poder Judicial usa sus propias herramientas para impedir que las investigaciones se lleven a cabo.
Los argumentos de Alexandre de Moraes
Probablemente Alexandre de Moraes sea por estos días el magistrado más mediático por las arbitrariedades contra manifestantes y partidos políticos. La más reciente es la multa de 22 millones de reales y el bloqueo de fondos a la coalición política del presidente Bolsonaro por “litigación de mala fe”, luego de que esta formalizara ante el TSE la solicitud de anular las elecciones debido a irregularidades detectadas en urnas fabricadas entre 2009 y 2015, según la denuncia.
Aunque el PL apelará la decisión, también se supo que el dinero de la multa deberá proceder del fondo privado del partido, creado a partir de recursos públicos y donaciones particulares. Para Alexandre de Moraes, “es inconcebible e inconstitucional que se utilicen para satisfacer intereses personales antidemocráticos y violatorios del estado de derecho”. El magistrado usa los mismos argumentos cada vez que ordena persecuciones y censura. Para él, todo lo que viene del conservadurismo brasileño es calificado como “antidemocrático”.
