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La suspensión del proyecto de extensión del oleoducto Keystone XL podría costarle caro a la Administración de Joe Biden. La compañía TC Energy Corporation emitió un comunicado donde anunció que buscará recuperar 15000 millones de dólares por daños.
En el texto, disponible en su sitio web, la empresa de energía detalla que consignó ante la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado de EE. UU. un «aviso de intención» para presentar un reclamo por la violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La fase cuatro del oleoducto solo alcanzó el 8 % de construcción hasta que Joe Biden ordenó cancelarla en su primer día como presidente. Decisión que vino con la firma de otras órdenes ejecutivas que anulaban políticas del expresidente Donald Trump.
TC Energy hizo una advertencia tras aquella novedad: «el despido de miles de trabajadores sindicalizados». Informes de la Asociación de Oleoductos (AOPL, en inglés) indicaron que costaría unos 10000 puestos directos de trabajo y 42000 indirectos.
Ahora la empresa apunta a «recuperar daños económicos resultantes de la revocación del Permiso Presidencial del Proyecto Keystone XL».
Un mensaje negativo a los empresarios
Barack Obama había tomado la misma decisión en 2015, hasta que en 2017 el republicano Donald Trump aprobó el permiso. Pero la historia cambió, Biden aseguró que permitir el desarrollo del proyecto Keystone XL «no sería consistente con los imperativos económicos y climáticos de mi Administración».
Sin embargo, en el medio quedaron miles de empleos y un mensaje errático hacia los empresarios. «Creo que esto enviará una señal preocupante a los desarrolladores de infraestructura que resuena mucho más allá de nuestro proyecto y sofocará la innovación para una transición práctica hacia la energía sostenible», dijo el presidente de KXL, Richard Prior, según un correo replicado por Reuters.
Iban a ser 830.000 barriles diarios de petróleo transportados desde Alberta en Canadá hasta Nebraska en EE. UU. Allí iba a conectarse con otras fases ya construidas, contribuyendo a la producción de crudo y reduciendo la dependencia a fuentes extranjeras.
Las consecuencias
Una muestra de vulnerabilidad ocurrió hace menos de dos meses. Colonial Pipeline, propietaria de la mayor red de oleoductos de Estados Unidos sufrió un ciberataque que puso en peligro el suministro de combustible en varias partes del país. Estaciones de servicio en Virginia, Carolina del Norte, Georgia y Florida sufrieron los estragos. En el Distrito de Columbia 68 % de las estaciones de servicio estaban secas. El precio del galón también subió.
«La crisis de Colonial Pipeline muestra que necesitamos más energía estadounidense para impulsar nuestra economía, no menos. Pero la Administración Biden ya canceló el oleoducto Keystone XL y detuvo la perforación de petróleo y gas, dejando nuestro suministro de energía más vulnerable a los ataques», declaró el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
Por lo tanto, no solo pasa por empleos o las pérdidas millonarias que ahora reclama TC Energy. La independencia energética de EE. UU. también queda comprometida .
¿Qué hará el Departamento de Estado?
La instancia tiene jurisdicción sobre el proyecto porque cruza una frontera internacional, indicaba BBC cuando Obama frenó por primera vez la construcción. En ese momento, no se encontraron mayores objeciones ambientales, según el informe técnico oficial.
Esta vez, el Departamento de Estado recibió el «aviso de intención» anunciado por TC Energy, empresa que quedará a la espera de la decisión. Por su parte, la violación que alega TC Energy se enmarca en el TLCAN que buscar beneficiar a los tres países miembros a través de mejores condiciones comerciales: México, Estados Unidos y Canadá.
La compañía de energía recuerda en su reciente comunicado que sus acciones cotizan en bolsas de valores de Toronto y Nueva York. Por lo tanto, su perjuicio también influye en la economía estadounidense.
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