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Un asalto a la nación colombiana. Esa podría ser la consecuencia tras los conflictos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las supuestas disidencias de las FARC en las zonas fronterizas de Venezuela. Los expertos aseguran que el proceso data de hace años, pero ahora está llegando a un nuevo nivel.
El control por el territorio fronterizo es clave, ya que garantiza la exportación de drogas y el contrabando de oro, coltán y otro minerales. Esta «zona gris» podría extenderse a Colombia para establecer alianzas con los proveedores de droga del país vecino. A esa conclusión llegó un informe publicado por The Risk Awareness Council, que cita el reciente conflicto en Apure y los destrozos, muertos, desaparecidos y desplazados que dejó.
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El plan raya en lo siniestro con una serie de acciones en movimientos y estrategias que buscan desestabilizar al Gobierno colombiano para lograr el objetivo respaldado por Nicolás Maduro. El análisis coincide con la denuncia hecha por la ONG FundaRedes, referida a las alianzas de Maduro con la facción de la FARC conocida como la Segunda Marquetalia y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Desde la cúpula de la dictadura incluso estarían prestando apoyo con funcionarios militares y armas de acuerdo a otras denuncias de expertos como Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).
En resumen, la red de complicidades es enorme y parece no detenerse. La próxima víctima podría ser el Estado colombiano en el afán de la dictadura venezolana por expandir sus tentáculos en el resto de la región.
Desde 2019, se acumula presión sobre la zona fronteriza colombo venezolana. Si bien, resultaba difícil observar el proceso en toda su dimensión, ahora, surgen patrones que refuerzan la tesis de las pretensiones del régimen de Caracas sobre el asalto al territorio de Colombia.
— The Risk Awareness Council (@The_RiskCouncil) May 5, 2021
Drogas entran y salen de Venezuela
El documento hace mención especial al surgimiento en 2019 de la mal llamada disidencia del Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), conocida como la Segunda Marquetalia. A partir de ese momento la situación se agravó con operaciones de gran escala para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y El Caribe.
Según estimaciones de la DEA, alrededor de 250 toneladas de cocaína al año pasan por estas redes delictivas y militares que operan en Venezuela. Es decir, los grupos terroristas se están apoderando de la zona sin que nadie ponga freno.
Pero hay más grupos criminales involucrados, como el Tren de Aragua, una megabanda venezolana que ha cobrado protagonismo por su peligrosa presencia en varios estados del país. Estos también se disputan el negocio del narcotráfico en la frontera con apoyo del régimen venezolano, que funge como el “gran controlador” de los espacios y negocios ilícitos.
Las pruebas sobre la cantidad de drogas que manejan estos grupos de las FARC han salido a la luz a través de operativos oficiales. Tan solo a mediados de abril fue incautado un cargamento de cocaína e insumos con un valor de 9 millones de dólares. Estaba en manos del grupo de ‘Gentil Duarte’, la otra facción de esta guerrilla que se enfrentó a la Segunda Marquetalia en Apure.
Las estrategias de Maduro, las FARC y Rusia
La denominada «zona gris» está definida por The Risk Awarenes00s Council como el espacio entre la competencia pacífica y el conflicto armado. Aún así, está lejos de ser una desventaja para la dictadura chavista. Por el contrario, es un incentivo para la actividad delictiva.
«Cuando se dan las condiciones de la ‘zona gris’, surge el fenómeno expansivo de la delincuencia, siempre acompañado por los conflictos por el dominio del territorio y la explotación de las actividades ilícitas derivadas».
Pero esto no ocurre solo o de manera casual. La presión en la zona ha aumentado desde 2019 con una serie de movimientos y tácticas detalladas en el informe de la organización:
- Aumento del número de armas y municiones en posesión de grupos irregulares y bandas criminales.
- Incremento de la narrativa belicista contra la nación colombiana desde el régimen venezolano.
- Crecimiento del conflicto en la zona fronteriza con el objetivo de crear una «zona gris» de operación para las fuerzas que se acumulan en el área.
- Incremento del apoyo y la logística de la revolución chavista a grupos políticos afines en Colombia.
- Incremento de la presión migratoria sobre el Estado colombiano como factor desestabilizador de su gobierno.
Las alianzas de la dictadura venezolana con Rusia no escaparon a este balance. A finales del año pasado funcionarios de la Embajada de la Federación de Rusia en Bogotá, fueron expulsados por espionaje al «formar una red de informantes, actividades de desestabilización y desinformación». Entonces, los agentes rusos podrían haber estado actuando bajo órdenes del Kremlin para beneficiar a Maduro y debilitar el poder en la Casa de Nariño.
Lo que indica el informe no suena descabellado, teniendo en cuenta que en pleno conflicto de Apure, hasta Rusia se pronunció, pidiendo al Gobierno colombiano «dialogar» con la dictadura chavista.
