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El chileno Jaime Castillo Petruzzi es un antiguo conocido en Perú: fue un alto mando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y purgó 23 años de cárcel por el delito de terrorismo.
Este operador, este «bróker» de la violencia política, se centraba en dar uso a las famosas «cárceles del pueblo»: inhumanas mazmorras donde encerraba a sus secuestrados a cambio de dinero que ayudara a financiar la revolución marxista-leninista y guevarista que el MRTA pretendía imponer en Perú.
La barbarie terrorista del MRTA (fundado por Víctor Polay Campos en 1982 y sentenciado a 35 años de prisión) causó la muerte de muchos peruanos civiles y militares. A ese desangramiento se suman también los miles de asesinados por los comunistas maoístas de Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más salvajes registrados por la historia contemporánea.
Tras cumplir carcelería (inicialmente fue sentenciado a cadena perpetua) y expectorado del Perú en octubre de 2016 y de retorno a Chile, el exemerretista no ha sido ajeno a la rentabilidad ideologizada y la potencia de riesgo político que supone la «conflictividad mapuche».
A inicios de este 2020 en la presentación de un libro sobre el «pensamiento y acción de la CAM» (Coordinadora Arauco-Mellaco señalada por ejecutar acciones de terror en algunas regiones del sur chileno), Petruzzi recetaba a su audiencia: «No va a haber una solución posible, si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las fuerzas armadas, la policía. (…) El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle, o en el campo, o la montaña, como se hace en el sur de Chile, en el Wallmapu. (…) Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político-militar. Mientras más avance la lucha del pueblo chileno en las ciudades y los campos, más va a poder avanzar también la lucha del hermano pueblo mapuche. Mientras más avance la lucha del pueblo mapuche más vamos a avanzar nosotros».
Las autoridades chilenas les han puesto atención a los movimientos de este ranqueado operador ideológico y político que ahora busca recalentar los conflictos a sus temperaturas máximas. Castillo Petruzzi fue denunciado en febrero de este año por el Ministerio del Interior chileno por el delito de «apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnan el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales».
Lo que se va detectando es el involucramiento y la infiltración de agentes radicalizadores en medio de los desafíos violentos y estimulados que han estado ocurriendo en las regiones del sur de Chile. Así, los nexos entre sectores mapuches minoritarios, pero altamente violentos con las redes transnacionales de extrema izquierda latinoamericana van rindiendo sus frutos en pro de la desestabilización política y económica en Chile.
Como anotábamos en este espacio, este tipo de infiltraciones, narrativas e incitaciones se han venido repitiendo en varios países de la región en los últimos años. La izquierda extrema ha visto la oportunidad de empujar procesos de radicalización que crucen fácilmente hacia el extremismo violento y luego a los actos de terrorismo. Son verdaderos impulsores de la violencia que operan a través de sus franquiciados sin importar fronteras.
Castillo Petruzzi no parece haber aprendido de la sanción penal recibida en suelo peruano por las acciones terroristas perpetradas en el pasado. Continúa incitando a los jóvenes inadvertidos hacia el extremismo y creyendo de forma irrevocable, ahora en suelo chileno, que la violencia política es la real «partera de la historia».
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