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Los gobiernos de América Latina se han caracterizado por su visión de corto plazo en la administración presupuestaria y fiscal de los ingresos de su población. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la deuda pública de Latinoamérica, ésta en 2011 ascendía a US$2.3 billones (excluyendo datos de Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Paraguay, Suriname y Venezuela, que no se encontraban disponibles hasta ese año).
La deuda pública supone la inversión del estado para su cancelación. A pesar de las inconsistencias gubernamentales que fundamentan la deuda con la lógica de la máxima «no hay que gastar más de lo que se gana,» a nivel global, los gobiernos se han dedicado a funcionar como sujetos de créditos para financiar su gasto, mal llamado inversión estatal.
El caso guatemalteco de la discusión de la aprobación de bonos a pagarse en corto plazo, es decir, del consenso sobre la adquisición de deuda pública flotante por un total de US$443 millones (3,500 millones de quetzales) para financiar proyectos de infraestructura vial, comprometerían a cada familia guatemalteca (de cinco miembros en promedio) a pagar US$5,453 (Q43,080), es decir, US$1,090 (Q8,615 quetzales) por persona. Cuando los índices de pobreza en Guatemala (personas que ganan menos de US$1,143 al año, Q9,030) y pobreza extrema (menos de US$554 anual, Q4,300) son de 40 y 14 por ciento, respectivamente, del total de su población de aproximadamente 15 millones de personas.
Actualmente, la aprobación de los bonos queda en manos de los congresistas guatemaltecos, quienes pueden destinar los US443 millones a obras que ellos consideren mejores para el bien de la sociedad en general, o para bien de sus intereses particulares, según Manuel Barquín, presidente del Banco de Guatemala, banco central de ese país.
La deuda no se adquirirá necesariamente para los proyectos de infraestructura vial para los que se propuso inicialmente. No existe limitación alguna para que los diputados del Congreso de la República lleven a cabo sus negociaciones internas y establezcan otro fin para ese dinero.
Además de esta deuda, Jonathan Menkos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, explicó que la ley propuesta para aprobar la deuda flotante, también incluye la aprobación del préstamo de US$200 millones acordado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el préstamo de US$237.2 millones acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ambos préstamos fueron incluidos como parte de las fuentes de financiamiento del gasto público que el Congreso de la República aprobó en el presupuesto para 2013.
Menkos señala que la aprobación y ejecución de todas las obras propuestas para la aprobación de la deuda resultaría en un aumento del déficit fiscal. Para José Miguel Rosal, economista y auxiliar académico de la Universidad Francisco Marroquín, «la deuda flotante de hoy no tendría por qué afectar a las futuras generaciones, sin embargo, los gobernantes no tienen incentivo ni obligación para pagar la deuda flotante en su periodo y se la trasladan al siguiente gobernante, prolongando el pago de la misma, que al final se va a tener que pagar con mas impuestos». La producción y el trabajo de las siguientes generaciones ya están comprometidos para pagar una deuda estatal adquirida por gobernantes pasajeros.
«La calidad de vida de un país no se mejora a través del gasto público, la función del gobierno es establecer un marco jurídico que facilite el comercio. Los programas sociales podrían ser una herramienta para acelerar el desarrollo, pero si no están acompañados de crecimiento económico no sirven de nada,» puntualiza Rosal.
