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Que la tipificación de «organización terrorista» en Argentina para los Guardianes de la Revolución de Irán haya llegado recién con el gobierno de Javier Milei no responde a ningún capricho ideológico de la coyuntura actual. Estas cuestiones deberían haber sucedido hace mucho tiempo, pero en los años del kirchnerismo el país estaba en otra sintonía y firmaba ridículos tratados de entendimiento con la teocracia islámica, que supuestamente se iba a mostrar colaborativa en la investigación por el atentado a la AMIA.
Tan absurda fue esa estrategia que la misma Cristina Fernández de Kirchner tuvo que reconocer luego que se trató de un error. Sin embargo, los lazos del kirchnerismo y el régimen de Irán se saben que eran políticos y comerciales, lo que terminó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Desde la declaración del gobierno argentino contra las fuerzas iraníes podrían aplicarse las «sanciones financieras y restricciones operativas» pertinentes. La respuesta de la teocracia iraní, que nadie sabe quién comanda realmente por estas horas, apeló al principio de reciprocidad para categorizar como «terroristas» a la Armada y la Fuerza Aérea de un país democrático.
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Luego de la declaración de Argentina, las autoridades iraníes calificaron la iniciativa como una «medida hostil». Desde 2019, Irán cuenta con una ley aprobada que permite apelar a represalias contra los Estados que califiquen como «terroristas» a sus fuerzas militares.
En este sentido, la teocracia apeló al «principio de reciprocidad» (como si fuese una nación civilizada con relaciones internacionales medianamente normales). «De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas», dictaminó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, según informaron en un comunicado oficial.
Como era de esperar, llegó la clásica amenaza que, como siempre, la teocracia no indica como la aplicará:
