El 2018 alcanza a América Latina sin haber superado uno de los mayores desafíos políticos que enfrenta desde hace años: la crisis de confianza y credibilidad de sus respectivas poblaciones respecto de la honestidad, transparencia y capacidad de gestión de sus gobernantes y políticos, estén éstos ubicados a la derecha, la izquierda o al centro del espectro ideológico. El más reciente informe Latinobarómetro, da cuenta que en 2017 continuaron las bajas sistemáticas en los niveles de apoyo y la satisfacción popular, así como de la percepción de que los gobiernos sólo gobierna para unos pocos y lo hacen mal.
Esta crisis ya viene afectando peligrosamente nuestras ya de por sí débiles instituciones democráticas –el informe citado habla ya de democracias regionales diabéticas- y afectará en particular a los países que este año mantendrán citas electorales presidenciales y generales, en un contexto nacional y regional, además, de menor dinamismo de la actividad económica y financiera.
De hecho, ese efecto perverso ya se refleja en forma de incertidumbre en la mayoría de los panoramas pre-electorales de la región.
Empecemos por el país más grande de la región y la primera economía del subcontinente, Brasil, que escenificará unas elecciones presidenciales en el mes de octubre que distan mucho de la certidumbre habitual, a raíz de estar sumido en un mar de corruptelas que excedieron al país y llegó a casi todas las naciones latinoamericanas. En efecto, a causa de la empresa constructora Odebrecht – ya considerada como “la mayor red de sobornos extranjeros a cambio de obras de la historia”- al menos once presidentes y expresidentes de la región están siendo investigados y enjuiciados.
La incertidumbre electoral brasileña deriva del hecho de que el candidato que pareciera tener la mayor opción en ese país, el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, está inmerso en acusaciones de delitos de corrupción que pudieran inhabilitarlo. Le sigue la figura de un outsider de extrema derecha, el diputado y militar retirado Jair Bolsonaro, quien saca partido del electorado anti-Lula y avanza en las encuestas, aunque en la opinión de muchos analistas el fenómeno Bolsonaro le será difícil la victoria por no contar entre sus adeptos a la mayoría pobre del país. Los menos favorecidos continúan ilusionados con Lula y de no poder votar por él, si es sacado de la contienda, podrían hacerlo por el candidato que éste proponga, o incluso por Marina Silva, la ecologista de izquierda que llegó de tercera en la anterior cita electoral.
Otro país que llega a elecciones presidenciales con un panorama nada claro es Colombia, cuarta economía del área, con comicios que tendrán lugar en mayo. En esos comicios podría definirse el destino de la criticada paz con la guerrilla de las FARC que logró el actual presidente, Juan Manuel Santos, luego de largas y tortuosas negociaciones llevadas a cabo en Cuba, y que dejaron al país sumido en la polarización.
Allí las encuestas muestran un panorama muy fraccionado, entre quienes apoyaron o rechazaron los acuerdos de paz, teniendo a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y antiguo gobernador del departamento de Antioquia, a la cabeza de la mayoría de los sondeos. En el extremo conservador están: Germán Vargas Lleras, dirigente de Cambio Radical, y exvicepresidente de Santos; Iván Duque, el aspirante del Centro Democrático, la formación del expresidente Álvaro Uribe, pero tras el acuerdo alcanzado por este con el también expresidente Andrés Pastrana, tendrá que medirse con Marta Lucía Ramírez, exmiembro del Partido Conservador.
En razón de los Acuerdos de Paz, Las FARC tendrán a partir de este año representación parlamentaria garantizada y su máximo líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aspira a medirse con los candidatos de los partidos tradicionales, lo que no deja de crear profundo rechazo en parte del electorado e, incluso, en otros países.
México también enfrenta un panorama complicado y nada seguro, luego del fracaso en la gestión del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y de tener el país índices de violencia y corrupción sin precedentes. El país azteca afronta además las rudas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. y Canadá que no le auguran días mejores. Las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 1 de julio, hasta ahora cuentan como favorito de las encuestas a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierda va por su tercer intento de llegar a la presidencia. Sin embargo, el apoyo popular no es aun lo suficiente para lograr el triunfo. El principal partido nacional, el PRI, aunque maltrecho por los desaciertos de Peña Nieto, lleva a José Antonio Meade, quien fuera secretario de Hacienda, aunque muy golpeado por los bajos índices de popularidad del actual presidente.
Los mexicanos tendrán también como alternativa a Ricardo Anaya, hasta hace unas semanas presidente del Partido Acción Nacional (PAN), la tradicional formación opositora de México, que lidera la candidatura que su partido logró junto al progresista PRD y al Movimiento Ciudadano, sin dejar de considerar a Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien renunció al partido conservador PAN para presentarse como independiente. El panorama electoral es aún, pues, muy incierto y ello merma en la estabilidad y gobernabilidad nacional y de toda Centroamérica.
No es posible dejar de mencionar a Venezuela, país que debería tener elecciones presidenciales en diciembre de este año, pero como es sabido, aún no es seguro que el dictador Nicolás Maduro esté dispuesto a convocarlas, como sería lo constitucional, si no está seguro de ganarlas, con trampa y ventajismo, como es lo habitual en este régimen. Incluso ya anunció medidas de inhabilitación de los principales partidos opositores, por su decisión de no presentar candidatos a las pasadas elecciones municipales.
Por si fuera poco, estas elecciones, vitales para el país y la región, encuentra a una oposición democrática que está en su peor momento de credibilidad y cohesión, lo que no augura buenos resultados, a menos que las condiciones del país sigan empeorando a tal nivel que lleven a un estallido social de impredecibles consecuencias políticas.
Incluso en Costa Rica, país de amplia tradición de estabilidad democrática, las elecciones presidenciales y legislativas del próximo febrero están signadas por la incertidumbre con altos porcentajes de indecisos y abstencionistas, reflejo del descontento de los costarricenses con sus gobernantes y sus partidos políticos, especialmente a causa de la corrupción
Este panorama latinoamericano de declive democrático, signado por la merma en la credibilidad popular y en apoyos internos, hace prever un año incierto, vulnerable, de falta de gobernabilidad no sólo en los países en que habrá cambios en el poder, sino hasta en aquellos donde no habrá elecciones. Solo miremos como ejemplo lo que está pasando hoy en día en Perú, Ecuador y Argentina. No está para nada claro el horizonte de este nuevo año.