
Las vueltas de la política argentina no tienen desperdicio. Hoy Mirtha Legrand es una respetadísima actriz, artista y conductora televisiva reivindicada por el kirchnerismo. Hace un par de años, justamente para un 24 de marzo, los kirchneristas hicieron un “escupidero público”, donde su rostro estaba junto al de varios periodistas, enmarcados en una especie de blanco, a los que muchos chicos, llevados por sus padres energúmenos, escupían.
Pero, basta con un contrapunto entre “Chiquita” y Milei, para que el populismo cambie de opinión. Si pasaron en 24 horas de decir que el papa Francisco fue un “cómplice de la dictadura” a reconocerlo como “el argentino más importante de la historia”, todo puede pasar sin que nadie se ponga colorado o se le caiga la cara de vergüenza.
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La polémica giró alrededor del cine Gaumont, uno de los clásicos lugares donde se proyectan películas nacionales, que funciona, no solo por la venta de entradas, sino gracias a los subsidios estatales. En el marco de la discusión sobre la necesaria reducción del gasto público, la conductora pidió que se mantenga el clásico lugar, que, según ella, cumple un rol fundamental en materia de cultura. Desde el oficialismo se la invitó, con mucho de lógica, a adquirir la sala con sus propios recursos, lo que fue interpretado como una falta de respeto.
Entre todo lo que terminó gastando el Estado argentino, más allá de sus funciones concretas, hay cosas que generan más indignación que otras. Por ejemplo, pocos se animan a defender que se mantengan las becas para los investigadores del Conicet que escriben sobre el “ano dilatado de Batman”, pero no muchos quieren cerrar la institución. Lo mismo ocurre con respecto a Télam: casi nadie se anima a justificar en lo que se convirtió, pero las opiniones son diversas a la hora de cerrar la agencia de noticias estatal.
El cine Gaumont también genera apasionados debates. Aunque la gran mayoría de los argentinos comprende que el déficit fiscal necesita una drástica corrección, muchos consideran que no hay que cerrar la sala. Sin embargo, aquí hay un punto donde llamar la atención. La dicotomía real no es la de seguir subsidiando o cerrarlo. No es posible que quede fuera del debate la opción que, por ejemplo, tantos artistas consagrados, puedan comprar la sala para mantenerla. Hasta el nombre “Gaumont Mirtha Legrand” suena glamoroso. Sería incluso un gran aporte a la discusión pública sobre la resolución virtuosa para un problema concreto. Claro que no es necesario que ella desembolse el dinero. Muchos productores, actores, conductores y artistas consagrados podrían hacer la colecta para “salvar” al cine y de paso homenajear a esta gran artista.
Tan desbocado ha sido el gasto público, que Argentina está en una instancia donde no dan los tiempos para el “bisturí” y es necesaria la “motosierra”. Los liberales argumentamos que, sobre todo en esta situación, al Estado hay que reducirlo a sus funciones básicas, como cuando Argentina fue potencia mundial de la mano de una burocracia limitada (todos los ministros trabajaban en la casa de gobierno junto al presidente) y una economía libre.
Resultaría profundamente injusto separar entre todas las cosas que financia el Estado y no debería a las que “quedan” y las que “salen”. ¿Con qué criterio podemos decirle a alguien que se desempeña laboralmente en uno de estos sitios, que debe ir al mundo incierto del sector privado (donde estamos los demás), mientras que a otros les mantenemos “la estabilidad del empleo público”?
Más allá del debate concreto de cada institución (dicho sea de paso, no todas pertenecen al ámbito nacional), hay que hacer dos salvedades en nombre de la honestidad intelectual. Primero, que el gobierno no está recortando ni la cultura ni el derecho a la información, como se argumentó insólitamente ante el cierre de Télam. Solamente se está tratando de corregir el déficit, acotando al Estado al ámbito de sus funciones. Las mismas nada tienen que ver con el subsidio a las películas o a la propiedad de agencias de noticias. Sin embargo, nadie está recortando ningún derecho, sino que se está diciendo que ya no podemos pagarles el sueldo. Recortar la cultura o el derecho a la información es ejercer la censura.
También es pertinente retomar la discusión sobre la gratuidad o el subsidio a las cosas. Que una persona pague por una entrada al Gaumont 400 pesos, o incluso 200 (es decir, 40 o 20 centavos de dólar), no indica que se trata de algo “barato”. Significa que alguien más lo está pagando.
En una oportunidad, le cuestionaron duramente a Milton Friedman la venta de entradas para una conferencia en una universidad de Islandia. Sus detractores argumentaron que, anteriormente, todas las presentaciones académicas en ese lugar habían sido “gratuitas”. La respuesta fue lapidaria e inobjetable. El economista les respondió que nada de todo eso fue gratis y que esa palabra era muy mal usada.
“Yo sospecho que alguien estaba pagando el costo de esas conferencias. ¿Quiénes lo estaban haciendo? La gente que no asistió a las mismas”. Como tantas otras veces, Friedman dejó sin palabras a sus adversarios: “Esas conferencias no fueron gratuitas. El salón de conferencias tuvo que ser facilitado. Las instalaciones tuvieron que ser provistas y seguramente les han pagado honorarios a varios conferencistas. Lo que usted quiere decir es que la gente que asistió fue subsidiada por gente que no lo hizo”, recalcó.
Más allá de lo que opine cada uno sobre estas instituciones, sería mucho más honesto el debate si los críticos del gobierno dijeran, en lugar que el gobierno atenta contra la cultura, que ellos consideran que los argentinos que no consumen estos productos deben seguir pagándoles a los que sí, pero esto no lo hacen y se escudan en frases engañosas y voluntaristas, que pueden llegar a confundir a la gente.