El vocero de Javier Milei, el economista Manuel Adorni, brindó hace instantes su primer informe a la prensa. Junto a los periodistas acreditados, el sucesor de Gabriela Cerruti repasó los lineamientos que se discutieron en la primera reunión de gabinete, que tuvo lugar esta mañana. Las novedades (predecibles, teniendo en cuenta las propuestas de campaña del nuevo presidente) pasaron por la auditoria de todo el sector público nacional. Se auditará todo el inventario, la totalidad del personal, los contratos y los gastos de cada dependencia del Poder Ejecutivo.
Como era de esperar, Adorni fue muy claro con respecto a la crisis que atraviesa la economía argentina, de la misma manera que lo evidenció Milei en su discurso de apertura. En este sentido, resaltó que el nuevo gobierno está muy comprometido con la eliminación de todos los cargos de los “empleados militantes” en el Estado. Es decir, las personas que no cumplen funciones y que obtuvieron un trabajo por alineación política con las administraciones anteriores.
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El vocero presidencial también resaltó que los empleados públicos que sí prestan funciones no tienen motivos para preocuparse, ya que los que quedarán cesanteados son los militantes políticos, que cobran sin hacer nada, perjudicando a las arcas públicas, a los contribuyentes y al resto de los empleados públicos honestos. Por esta razón, Adorni aclaró que, a partir de este momento, será obligatoria la presencialidad en todas las dependencias del Estado.
No hay dudas de que este es un primer paso en el camino correcto. Sin embargo, es necesario advertir que el reto en esta materia va mucho más lejos. Quitarles los puestos a los “ñoquis” (personas que cobran sin realizar labores) es indispensable. También lo es implementar la obligatoriedad presencial, ya que seguramente esto generará una ola de renuncias de personas acomodadas que no están dispuestas a ponerse a trabajar. Pero cuando este proceso esté terminado, la nueva gestión deberá afrontar una segunda instancia en este desafío: el problema de los trabajadores decentes, que sí cumplen con su labor, pero que prestan servicios en dependencias que no deben seguir existiendo a futuro.
Argentina no tiene solamente un problema de exceso en materia de empleados públicos. También existe el drama de la inflación de organismos gubernamentales. Algunos, en el mejor de los casos, son entidades que no aportan nada y no tienen razón de ser. Otros, directamente atentan contra el desarrollo del sector privado con sus regulaciones arbitrarias, por lo que no solamente no son necesarios, sino que son contraproducentes.
En estos casos también hay empleados públicos que deberán encontrar nuevos destinos si el programa de reformas propuesto se pone en marcha definitivamente. Esta cuestión tiene que estar presente desde el día de hoy, porque inevitablemente va a llegar muy pronto el momento en que haya que solucionarlo. El gobierno tendrá la complicada tarea de implementar retiros voluntarios, traspasos a dependencias públicas que sí requieran personal para funciones específicas y poner en marcha algún programa de beneficios para el sector privado, que esté dispuesto a absorber estas fuentes de trabajo. Esto no será sencillo, ya que el problemático Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que está en clara contradicción con el resto de la Carta Magna, consagra la “estabilidad del empleado público”, absolutamente contraria a la “igualdad ante la ley”, que debería primar por sobre todas las cosas.
La gestión que hoy comienza a trabajar sabe que no será fácil, pero el equipo se preparó para eso. Lo que no podemos hacer es subestimar los problemas, o esconderlos debajo de la alfombra para lidiar con ellos en el mediano plazo. Todo lo que se comunicó hoy es positivo. Sobre esta problemática cuestión, lamentablemente lo discutido hoy tiene que ser solamente el comienzo. Porque con la eliminación del “empleo militante”, que como dijimos, es necesaria… desafortunadamente no alcanza.