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En varios países del mundo, la negación del Holocausto está tipificada como un delito. Más allá de las válidas discusiones sobre la libertad de expresión y la utilidad de estas normativas y sus consecuencias, afortunadamente la gran mayoría de la población mundial tiene muy en claro lo que ocurrió en la Alemania Nazi. Un partido se hizo del poder del Estado mediante la democracia para eliminarla desde adentro, convirtiéndose en una dictadura, para luego generar dos tragedias descomunales: el intento de eliminación de los judíos como la Segunda Guerra Mundial.
En Argentina, el kirchnerismo busca establecer un paralelismo y penar contra los que caigan en el delito de negación de los hechos que tuvieron lugar en la década del setenta. Ayer, en un acto junto al flamante candidato a presidente, Sergio Massa, Cristina Kirchner dijo sin vueltas: “Necesitamos una ley contra el negacionismo”, argumentando que en Argentina habían personas que no reconocían lo que sucedió durante los años de la última dictadura militar.
A diferencia de lo sucedido en Alemania, donde una dictadura arremetió contra población civil para su exterminio, en Argentina la cuestión fue absolutamente diferente. En accionar del Estado fue en respuesta a organizaciones armadas que buscaban implementar en el país una dictadura comunista. Es decir, un gobierno de partido único, cuyo signo ideológico en el mundo generó más muertes que los mismos nazis.
Claro que no hay que reivindicar el accionar de la última dictadura, que ni siquiera había comenzado con el terrorismo de Estado, iniciado por el gobierno justicialista de la viuda de Perón. La denominada “guerra antisubversiva” se dio en el marco de la ilegalidad, el secuestro y desaparición de personas, torturas y hasta el robo de bebés.
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Sin embargo, lo único que el kirchnerismo toma de la historia es el accionar de las fuerzas armadas. A partir de ahí, paradójicamente, todo es “negacionismo”, en los términos de la misma Cristina Fernández de Kirchner. Para el oficialismo, la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 con Jorge Rafael Videla y la misma tuvo lugar contra una “juventud” que luchaba por la igualdad y los más necesitados. Los más impúdicos y desvergonzados, incluso manifiestan que lo hacían en defensa de la “democracia”. Ni los verdaderos protagonistas de los setenta del bando de las guerrillas suscriben esas teorías descabelladas.
Lamentablemente, Argentina todavía no puede mirar el pasado de frente, sin perspectiva ideológica. Aunque muchos consideren que el accionar de ERP y Montoneros era válido y otros reivindiquen el “aniquilamiento” (término utilizado antes de Videla, en un decreto del gobierno constitucional peronista), podría reconocerse el pasado histórico y dejar a cada persona que tenga su interpretación personal de los sucesos. Justamente, los sobrevivientes de aquellos años son los que mejor reconocen los hechos.
Al haber planteado una historia oficial desde el poder, el kirchnerismo no busca justicia histórica. Busca una ley mordaza para los que cuestionen el relato setentista. Si los sucesos de aquellos años, tal cual están documentados por todos los bandos y los medios de la época, se reconocen, los primeros presos por el delito de negacionismo tendrían que ser los kirchneristas.
