En la semana del 24 de marzo, aniversario del último golpe militar, el kirchnerismo se llena la boca hablando de los Derechos Humanos. Sin embargo, la acción criminal que fomentó el oficialismo cuando comenzó la pandemia demostró una vez más que esto no es más que retórica izquierdista vacía y contradictoria. Los presos liberados por el Gobierno con la excusa humanitaria, como era de esperar, siguen delinquiendo como si nada. Ahora, un motochorro liberado terminó con la vida de una psicóloga de 55 años, que murió luego de recibir un golpe en la cabeza tras un intento de arrebato.
María Rosa Daglio estaba hablando por teléfono en la calle con un paciente, cuando sufrió el intento de robo que puso fin a su vida. Alejandro Miguel Ochoa quiso arrebatarle su cartera, la que lamentablemente quedó enredada en el brazo de la mujer. En una fracción de segundo, sin resistirse al robo, ni siquiera sabiendo que pasaba, la mujer cayó al piso mientras que el delincuente escapaba con las manos vacías.
Aunque pudo recuperarse de la caída y levantarse, el traumatismo del impacto con el suelo terminó desembocando en su deceso minutos más tarde. Luego del fallecimiento de la mujer se pensó que había sufrido un infarto, pero la autopsia reveló una hemorragia interna, producto de un golpe en la cabeza.
Pilar, la hija de la víctima, arremetió contra el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la muerte de su madre: “Cuando nos enteramos de la noticia dije que estos iban a salir a matarnos, pero nunca pensé que nos iba a tocar de cerca. Hoy estamos todos llorando por mi mamá”, señaló al enterarse del prontuario y la situación judicial de Ochoa.
Resulta que el motochorro, que fue grabado por una cámara de seguridad de la zona, cuenta con un frondoso prontuario delictivo que data de hace 30 años. A pesar de su condena y sus múltiples causas, fue uno de los detenidos beneficiados con la “prisión domiciliaria” luego que se decretara la pandemia del coronavirus el año pasado.
Ochoa no es el primero de los presos liberados que vuelve a las andanzas tras recuperar la libertad el año pasado. A lo largo y ancho del país se multiplicaron los reclamos de los hombres de las fuerzas de seguridad desde marzo del año pasado, que debían perseguir delincuentes liberados, que volvían a delinquir en lugar de cumplir con la prisión domiciliaria. “¿Qué hacemos? ¿Los perseguimos y los detenemos? Si total un juez va a ordenar que lo manden a la casa por motivo de la pandemia…”, reclamó un policía del interior del país el año pasado, indignado por la situación.
Ladrón de toda la vida
Los antecedentes policiales y judiciales de Ochoa datan de 1990. Su primera detención fue por “tentativa de robo” en Morón, provincia de Buenos Aires. A los meses volvió a caer por “hurto simple” y en 1992 por robo. Entre detenciones efímeras y burocráticas causas en la justicia, en 1997 volvió a caer por robar en la ciudad de Mar del Plata, donde fue imputado nuevamente en 2003. Cuando transcurría el 2006 lo arrestaron en la costa bajo el cargo de “robo agravado”, pero recuperó la libertad. Su prontuario continúa en Morón en 2012 donde fue aprehendido, no solamente por nuevos robos, sino por “desobediencia y atentado a la autoridad”.
La pandemia del coronavirus lo encontró tras las rejas. Estaba en prisión por otro delito violento en 2014, pero el juez Marcelo Riquert le firmó la prisión domiciliaria a un Ochoa que prometió ir a la casa de su madre, portarse bien y presentarse a la Justicia cada 15 días. No lo hizo nunca.
Para el actual Gobierno y sus jueces progresistas, este personaje nefasto tenía derecho a salir de la cárcel, para evitar un eventual contagio de COVID-19. Los cuatro hijos y la pareja de María Rosa Daglio, una mujer honrada y trabajadora, hoy sufren el accionar criminal de los impresentables que dirigen el destino de Argentina.