
La fecha es el primero de abril. Desde entonces ya estará vigente y en aplicación la ley conocida como de “teletrabajo”, aprobada por el Congreso argentino al inicio de la cuarentena del coronavirus. Al momento de la votación, se especificó que entraría en vigencia 90 días después de la finalización del período excepcional de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Técnicamente ahora ya no estamos en “aislamiento”, sino en la etapa de “distanciamiento”, por lo que esta nueva perlita del “Reino de Peronia” entra en vigencia para el deleite de los abogados laboralistas.
Aunque la tecnología pudo mantener con vida algunos pocos sectores de la economía durante el encierro, los legisladores se ocuparon de meter mano para regular y perjudicar lo poco que funcionaba medianamente bien en la economía nacional. Ahora, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin ella, el mercado laboral será todavía más rígido, atrasado y alejado de las negociaciones libres entre las partes. En nombre de los “derechos de los trabajadores”, lo único que conseguirán los legisladores de todos los partidos es mayor desempleo.
Desde distintos sectores ya anticipan que con esta nueva ley no sólo se desincentivará la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino que se incrementarán los conflictos laborales en las relaciones vigentes. Es que en las cabezas atrasadas de los parlamentarios argentinos, de los cuales muchos no tuvieron jamás un empleo en el sector privado, no entran ciertas modalidades vinculadas a la tecnología, que requieren cierta flexibilidad.
En este sentido, el “derecho a la desconexión”, estipulado en la ley, puede sonar muy bonito, pero está bastante alejado de la realidad y de las necesidades actuales. Si el contrato laboral estipula un horario, y el trabajador cumple sus funciones desde su domicilio, puede no responder un requerimiento (o una simple pregunta) si llega fuera de su horario formal. Para que no que pueda vulnerar el “derecho” en cuestión, “no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión”. No queda muy clara la diferencia entre los conceptos de “derecho” y “obligación”, como suele ocurrir en la legislación argentina.
Desde las consultoras que vienen relevando las opiniones de las pequeñas y medianas empresas, se advierte que la ley es “muy rígida” y “pone trabas” al funcionamiento medianamente normal de una relación laboral. Uno de los puntos que más inquieta a las Pymes es el de la “reversibilidad”, otra joyita de la ley. Esta cuestión le otorga el derecho al empleado de irse a trabajar a su casa, si así lo desea y su función lo permite, pero también obliga a la empresa a mantener su lugar de trabajo vacío y disponible, para cuando el trabajador decida volver.
Desde la Industria Argentina del Software buscaron sin éxito que su sector quede al margen de esta ley, que claramente los perjudica y lamentaron la entrada en vigencia de la normativa. Miguel Calello, ex titular de la cámara, aseguró que para las empresas de la economía del conocimiento, todo esto es “una piedra en el camino”. Tienen razón.