En vísperas de las elecciones legislativas en EE. UU., dos legisladores de Nueva York están trabajando en la redacción de un proyecto de ley que propondría controlar redes sociales para así determinar quién puede comprar de un arma.
La propuesta del presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, y del senador estatal, Kevin Palmer, permitirían a las autoridades revisar tres años de historial en redes sociales y un año en las búsquedas en Internet de cualquier persona que tenga la intención de comprar un arma de fuego.
“Una revisión de tres años de un perfil en redes sociales haría mas fácil hacer una semblanza de una persona inadecuada para tener y poseer un arma de fuego”, explica Adams.
Brooklyn President Eric Adams announce bill to prevent attacks. https://t.co/zlvOOSnrRL
— José Martínez (@JoseMartiNews) November 2, 2018
Sin embargo, hay algunas preocupaciones logísticas, ya que es probable que surjan quejas relativas a la libertad de expresión y al derecho a portar armas que están garantizados en la constitución.
“Aquellos que renunciarían a la Libertad esencial para comprar un poco de Seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”, decía Benjamín Franklin, firmante de la Declaración de la Independencia.
Y es que, desde su fundación, la legislación de los EE. UU. ha remarcado la importancia de regular el poder desde la ciudadanía y no al revés.
De modo que la segunda enmienda de la constitución garantiza el derecho a formar una milicia que se enfrente al gobierno en caso que este se exceda en sus funciones.
Pero ahora, como sucede en una democracia representativa, dos de los legisladores que son la voz de los ciudadanos ante el parlamento pretenden pasar por encima de la constitución para autorizar vigilar a los ciudadanos y, por medio de esta vigilancia, inhibir su capacidad de autodefensa.
Según las declaraciones de los legisladores, surge de la intención de proteger a sus representados de posibles atentados contra grupos minoritarios.
#Hatespeech that incites violence, or indicates the intent to commit violence, is not part of our constitutional tradition. As much as we want to eliminate hate speech entirely from our society, our primary goal must always be to end #gunviolence. pic.twitter.com/6D3s8xzY2n
— Eric Adams (@BKBoroHall) November 2, 2018
Aunque el enfoque del proyecto de ley es el de evaluar el perfil de las personas que emitan discursos hostiles hacia grupos étnicos y religiosos, ambos legisladores también promueven identificar cualquier discurso de odio en los perfiles de las redes sociales, que a menudo se revelan solo después de que alguien es arrestado en un tiroteo en masa.
“Si el departamento de policía está analizando un asalto de pandillas, un robo, algún tipo de tiroteo, acuden y hacen una investigación de perfil de redes sociales”, dijo Adams.
Today, I joined @BPEricAdams for a press conference announcing legislation to authorize the @NYSPolice and authorities like the @NYPD to review social media and internet search history as part of the background check process for anyone purchasing a gun. #endgunviolence pic.twitter.com/eLZNdpyk31
— Senator Kevin Parker (@SenatorParker) November 2, 2018
Entonces surge la inquietud de cuál será el parámetro de lo tolerable en el discurso, cuándo una opinión se considera amenaza, qué se puede decir, a quién y qué no, quién lo decide, desde cuándo y hasta cuándo.
La medida, aunque bien intencionada, deja un precedente sobre el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la preservación, pues busca privar a los ciudadanos de la capacidad de autodefensa de acuerdo a lo que dicen y piensan.
Existe una división social, ética y política profunda al respecto.
Para muchos, sobre todo la izquierda política, la segunda enmienda de la constitución, -al ser bicentenaria-, no solo debe ser revisada, sino revocada. Cabe resaltar que fue redactada poco después (1979) de la independencia. Entonces se argumenta que las armas tenían una capacidad menor de hacer daño que en la actualidad, sobre todo en el caso de las armas automáticas.
Para otros, particularmente en la derecha política, la constitución es su garantía para vivir en una sociedad libre donde tanto la libertad de expresarse como de protegerse están garantizadas.
Ahora el debate está entre qué se puede decir y hasta dónde influyen las palabras antes de convertirse en actos violentos, de modo que se justifique privarle a un ciudadano de sus derechos como estrategia preventiva en defensa de los demás.
Tanto los ciudadanos como el parlamento deberán decidir ignorar o encarar lo que dijo uno de los padres fundadores para saber si en verdad se puede entregar libertad por seguridad, o si al hacerlo, se pierden ambas.