Desde el pasado 18 de abril los ciudadanos nicaragüenses luchan contra el régimen de Daniel Ortega y sus fuerzas de choque por la justicia y la democratización del país. El número de muertos, heridos y hasta torturados han hecho que algunos incluso califiquen la crisis como una guerra. Y aunque esto no es cierto, la verdad es que durante esta ola de protestas, el Gobierno ha incurrido en crímenes de lesa humanidad que se han visto incluso en los peores conflictos bélicos.
En su empeño por aferrarse al poder, Ortega no solo ha sido capaz de comandar una masacre contra su pueblo, sino que incluso ha cometido acciones prohibidas hasta para enfrentamientos armados.
Durante las investigaciones que ha estado realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a lo largo de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, se han revelado acciones cometidas por el régimen, que según explicó al diario La Prensa el consultor independiente sobre Derechos Humanos, Uriel Pineda, contrarian “las reglas más elementales de asistencia humanitaria” que se encuentran en el Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno de Ortega “sería responsable de crímenes de guerra por hacer uso de métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, como perfidia, ataque a bienes protegidos y ataque a personas protegidas”, aseveró el experto.
Y es que Ortega y quienes están bajo su mando, han sido capaces de negar atención médica en hospitales públicos, obstacular la ayuda humanitaria, irrumpir y atacar templos católicos, así como utilizar los vehículos de bomberos y ambulancias para penetrar ataque.
“Nosotros hemos observado que hay vehículos del Minsa (Ministerio de Salud) ocupados para actividades no humanitarias y el pueblo ha reaccionado rallando las ambulancias y eso es porque la población los observa. Nosotros como Cruz Roja hemos sacado varios comunicados porque nos estaban confundiendo con las ambulancias del Minsa”, comentó por su parte el primer vicepresidente de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), Silvio Pilarte.
Asimismo, Pinerda recordó el ataque que sufrieron los obispos y periodistas el pasado lunes 9 de julio y señaló que los templos religiosos son considerados bienes protegidos, que no deben ser atacadas por albergar población civil.
Ambas acciones violan el Derecho Internacional Humanitario que trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates, y limita los medios y métodos de hacer la guerra”.
Por su parte, Daniel Ortega niega todas las acusaciones de repesión e incluso rechaza los informes de la CIDH por considerarlos “subjetivos, prejuiciados y notoramiente parcializados”.
A juicio del mandatario, las manifestaciones son parte de un plan orquestado por la derecha para dar un golpe de Estado; sin embargo, cada vez son más las pruebas que lo inculpan y más los países que reconocen que la violencia proviene del régimen.
“Es muy importante que ellos [el gobierno] se quiten del camino y permitan que el país construya su futuro. El asunto es cómo se logra eso, cómo se aplica suficiente presión sobre la familia para que tome esa decisión y se aparten del camino”, comentó el embajador estadounidense Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.
De acuerdo a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), ya son más de 350 manifestantes los que han fallecido en el marco de las protestas antigubernamentales y unos 261 permenecen desaparecidos.
Comisionada @totonia68: "Ante la profundización de la grave crisis de DDHH en #Nicaragua, llamamos a la comunidad internacional a pronunciarse y exigir al Estado respetar y garantizar derechos de su población.” pic.twitter.com/KYga2LVUvW
— CIDH – IACHR (@CIDH) July 12, 2018