El Ministerio Público de Chile informó que se investiga un posible tráfico ilegal de armas desde Argentina a grupos terroristas de La Araucanía.
Fuentes judiciales citadas por medios locales, señalaron que el envío del armamento había sido manejado por líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización que reivindica la autonomía del pueblo indígena mapuche respecto al Estado de Chile.
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Esto se habría descubierto luego de que agentes Carabineros de Chile detuvieron a ocho mapuches y les incautaran sus teléfonos móviles, desde los cuales pudieron encontrar conversaciones por Whatsapp en las que se refieren al envío de municiones de diferentes calibres desde el país transandino.
La fiscalía señaló que en la conversación había un listado de seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, dos fusiles, 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 mm y 84 balas calibre 9 mm que llegarían a Chile “antes del 15” del mes pasado.
Asimismo, en los mensajes capturados por la justicia, se habla de 12 millones de pesos (USD $18.984) que habrían sido recibidos como pago por una charla que ofreció Héctor Llaitul, líder de la CAM, en una universidad, los cuales “serían utilizados para estos delitos”, informó Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía de la región de La Araucanía.
Por su parte, Humberto Serri, defensor de los líderes mapuches detenidos por los presuntos ataques incendiarios a iglesias de la región, descartó la versión de la parte querellante: “No lo reconocemos nosotros, nuestros defendidos tampoco. Lo cierto es que se han presentado antecedentes obtenidos de algunos celulares y ni siquiera se nos señala de qué número es”.
Sin embargo, la fiscalía ya está recopilando mayor información y está trabajando para investigar la forma en que se financiaban los detenidos.
Desde hace años, en la región de La Araucanía, así como en otras zonas del sur de Chile, existe un conflicto por la propiedad de tierras consideras ancestrales por algunas comunidades mapuches y que ahora están en manos de empresas agrícolas y forestales que las explotan y poseen legalmente.
El conflicto ha causado la muerte violenta de varios comuneros, policías y agricultores, además de incendios de propiedades, maquinarias, bosques y vehículos.
Fuentes: La Tercera, Andina, El Día.