El aumento de salarios de los senadores y diputados de la República Dominicana ha generado una disputa de si esto es realmente lo correcto. La Participación Ciudadana (PC) se manifestó el pasado jueves 1 de septiembre, diciendo que consideran ilegal e ilegítimo dicho aumento, ya que considera injustos estos privilegios.
El aumento salarial, el cual incrementó a RD $320.000 (USD $6.843,88) mensuales, se ajustó por una ley que autoriza estos cambios salariales en los tres poderes del Estado.
Sin embargo, la PC dijo ante el Ministerio de Administración Pública (MAP): “Recordamos que en la República Dominicana aún está pendiente la aplicación de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, donde observamos importante rezagos, considerando que todavía no tenemos un régimen de salarios que garanticen la uniformidad y la transparencia, por cuanto, un aumento unilateral sin criterios técnicos y que obedezca a una política general del Estado dominicano es evidentemente ilegítimo”.
El movimiento explicó que: “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.
Asimismo, el coordinador del Centro Bonó, Roque Féliz, explicó que considera “irritante” el aumento de salario de los senadores, cuando diversos sectores del país necesitan y esperan un aumento en sus sueldos. “Constituye un gesto irritante que los congresistas se aumenten, sobre todo cuando uno sabe que todos estos aumentos están alimentados por el clientelismo político, una forma de mantener mecanismos extra institucionales de responder a los electores”, expresó.
“Deberían estar preocupados de que en el país exista un programa de seguridad alimentaria efectiva para toda la población”, dijo Féliz.
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Por otra parte, el abogado Nassef Perdomo explicó que la Ley 105-13 fue establecida con el propósito de controlar los salarios de los funcionarios y hacer más justas las escalas salariales.
“Aunque la ley otorga al Ministerio de Administración Pública la capacidad para establecer estas escalas, en realidad eso sólo aplica para la Administración Pública. El artículo 13 de la propia ley establece que los órganos con autonomía constitucional, entre ellos las cámaras del Congreso y los tribunales, tienen la facultad de reglamentar su propio sistema de control de los salarios”, aseveró.
La Ley de Regulación Salarial establece la escala de remuneración para los altos cargos, determinando los topes salariales correspondientes a los Presidentes de los tres poderes: ejecutivo; legislativo y judicial. Con base en lo anterior, la suma de RD $400.000 (US$8.554,85) es el salario tope del presidente del senado y de la cámara de diputados.
Fuente: Diario Libre.