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El régimen de Nicolás Maduro activó la puerta giratoria para intentar convencer a Estados Unidos de su buena voluntad y disposición a cumplir los acuerdos firmados el martes en Barbados con tal de acceder a recursos restringidos con las sanciones impuestas por Washington durante el gobierno de Donald Trump. La liberación de cinco presos políticos y el compromiso de permitir la presencia de observadores internacionales en las elecciones presidenciales acordadas para el segundo semestre de 2024 fueron motivo suficiente para que la Administración de Joe Biden levantara algunas sanciones comerciales relacionadas con la industria petrolera y gasífera, según anunció este miércoles el Departamento del Tesoro, contradiciendo lo que horas antes había dicho el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
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¿Sabrán en la Casa Blanca que están negociando con una dictadura que mantiene permanentemente un número similar de presos políticos porque su estrategia consiste en liberar a unos para encarcelar a otros, y que no tiene problema en violar los acuerdos que firma apelando a cualquier interpretación judicial amañada o cambiando las reglas de juego?
¿Presión real o ingenuidad?
Brian Nichols había dicho este miércoles en la mañana en una entrevista con el canal NTN24 que no se levantarían sanciones si primero no se ponía fin a las inhabilitaciones y se liberaba a los presos políticos. Horas más tarde sorprendió el Departamento del Tesoro con una decisión distinta. EE. UU. accedió a anunciar primero la suspensión de algunas sanciones haciendo énfasis en que se trata de una medida temporal por seis meses que puede ser revertida si en Miraflores no cumplen con lo acordado. ¿Hay presión real sobre el chavismo? ¿Revertiría la administración Biden las sanciones al mismo nivel que las impuso el gobierno de Trump? ¿Hasta dónde podrá la dictadura envolver a Estados Unidos y ganar tiempo sin comprometer su permanencia en el poder?
Es más que evidente que al régimen de Nicolás Maduro no le conviene en lo absoluto que María Corina Machado pueda inscribir su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de ganar las primarias del domingo como pronostican todas las encuestas. Si estando inhabilitada cuenta con un sólido respaldo popular que la ubica incluso como vencedora por un amplio margen en un escenario polarizado frente a Maduro, admitir la restitución de todos sus derechos políticos sellaría la caída del chavismo. El Gobierno de Estados Unidos estaría, cuando menos, pecando de ingenuo si cree que esto va a ocurrir de manera tan sencilla. Sin embargo, aprovecha la grieta que se ha abierto para presionar.
EEUU pone plazo al fin de las inhabilitaciones
Después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, pidiera que “se defina un calendario” para levantar las inhabilitaciones, entró en escena Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, quien lanzó una fecha tope. “Nuestra expectativa es que antes de fines de noviembre se habrá definido un camino para la rehabilitación de candidatos y se comience a liberar a los americanos detenidos injustamente y a los prisioneros políticos”.
En una entrevista con la agencia EFE, González destacó que su gobierno, además de la liberación de los presos políticos que mantiene el régimen de Maduro, también presiona para que se logre la rehabilitación electoral de “todos los candidatos y candidatas que se postulen, eso incluye a María Corina Machado”. Estados Unidos se mantiene entre el optimismo y el escepticismo. “No sabemos al cien por cien si va a tener éxito. Pero vale la pena el riesgo. Tenemos que entender que el ‘statu quo’ no estaba mejorando la situación”, concluyó.
¿Adónde está el avance?
En Washington aplauden los avances de estas negociaciones luego de la firma de los acuerdos en Barbados, pero la realidad es que el régimen no ha cedido nada extraordinario o que apunte a la celebración de unas elecciones libres y justas. Se ha querido presentar como un logro el hecho que se fijara para el segundo semestre del próximo año la celebración de las presidenciales y que hubiera un compromiso de permitir la presencia de observadores internacionales.
Incluso el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), exaltaron este supuesto logro. Pero hay que tomar en cuenta que lo que se acordó es algo establecido en la Constitución y las leyes. Las elecciones deben celebrarse cada seis año y para que sean legítimas deben contar con observación electoral. ¿Adónde está el avance?
La puerta giratoria de los presos políticos de Maduro
Otra noticia que ha celebrado la oposición ha sido la liberación de los presos políticos Ronald Carreño, que trabajaba para Voluntad Popular; Juan Requesens, de Primero Justicia; así como Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón y Marina Barreto. EE. UU. espera que antes de la fecha indicada se sumen a esta lista tres estadounidenses que están presos en Venezuela.
Se consigan o no estas tres liberaciones, se trataría de medidas humanitarias, que como en el caso de los cinco venezolanos liberados, benefician a estas personas que han estado injustamente tras las rejas, pero que en realidad en nada significan un avance para la celebración de elecciones libres y la recuperación de la democracia en el país.
Se trata de la fórmula de la puerta giratoria que se ha implementado en Venezuela bajo el régimen chavista y que ha sido una práctica habitual por más de seis décadas en Cuba. Unos salen y otros entran. Al final, la dictadura seguirá teniendo la misma cantidad de rehenes para intercambiar por algún favor que le permita seguir manteniéndose en el poder.
