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En Colombia se está discutiendo una reforma al actual Código de Policía, que bien podría convertirse en un paradigma de cómo el poder político, siempre que tiene la posibilidad, pretende acaparar más poder, privando a los individuos de sus derechos. Es necesario alertar sobre esto de manera temprana, porque el proyecto ya fue aprobado en primer debate en el Senado colombiano.
El problema no se encuentra en artículos específicos que han generado preocupación en algunos círculos políticos y de la sociedad colombiana (como estos tres que citamos). Es gravísimo que se le dé a la Policía –a cada uno de los agentes– el poder para decidir quién está en estado de “alteración de la conciencia”, en qué hogar irrumpir sin orden judicial, o de limitar la protesta pacífica.
Pero es más grave, por qué el Gobierno colombiano asume que estos y otros artículos pueden ser aprobados. Al observar el proyecto de ley en discusión se pueden establecer las razones: los redactores del texto tienen ideas equivocadas sobre lo que es el Estado, la vida en sociedad y, por lo tanto, el ámbito de actuación de las fuerzas de policía.
Por ejemplo, en el artículo 2, se recurre a la políticamente correcta —pero peligrosa— fórmula según la cual el interés general prevalece sobre el particular. Lo peor es que se afirma que, por esa vía, se permite el libre ejercicio de las libertades y derechos. ¿Podrá ser más orwelliana la redacción? Para los redactores, entonces, quitándonos la libertad y los derechos, podemos disfrutarlos.
En el mismo artículo, se incluyen términos que suenan muy bien, pero que abren una puerta a la arbitrariedad del Estado. Nos hablan del mantenimiento de la tranquilidad, la salubridad, la moralidad y la ecología. Frente a esto, habría que preguntarse si estos fines se logran a través de la acción policial.
Pero más allá, ¿quién determina qué es y cómo se materializa la tranquilidad? Tranquilidad, ¿de quién? ¿Para quién? Lo mismo podría decirse en los otros casos, siendo el más alarmante el de la “moralidad”.
Si se acepta que lo moral lo deciden los gobernantes de turno, se está renunciando a cualquier derecho individual. Y, por esa vía, a la dignidad humana.
Es igualmente preocupante el apartado en el que se afirma que la libertad personal se afectará transitoriamente, como medida de protección de los derechos humanos. De nuevo, las fórmulas orwellianas. Nos quitan la libertad para protegerla.
Es igualmente preocupante el apartado en el que se afirma que la libertad personal se afectará transitoriamente, como medida de protección de los derechos humanos
Pero no solo eso: la redacción implica que el Estado tiene como función defender a los individuos de sí mismos. Un Estado niñera-policial en su máximo esplendor. El uso de la fuerza para impedir que los ciudadanos se hagan daño a sí mismos.
El mismo espíritu cercano al totalitarismo, políticamente correcto, pero peligroso, se ve en las “obligaciones” de los ciudadanos: la solidaridad; la armonía en la familia, con los amigos, en el trabajo y en el estudio; la colaboración con las autoridades; cuidar el medio ambiente; identificarse ante las autoridades cuando ellas así lo requieran; respetar a los funcionarios. Es decir, las obligaciones de los ciudadanos colombianos se resumen en ser virtuosos y sumisos. La negación, por excelencia, de la libertad, de los derechos y de la dignidad humana.
Con las cosas así, no sorprende que más adelante, en el proyecto, se pretenda aprobar todo tipo de excesos y abusos por parte de las fuerzas de policía. Lo peor es que, al centrar el debate en artículos puntuales, se refleja que los encargados de legislar en Colombia aceptan los principios sobre los cuales está redactado el Código.
Lo que sucede es que algunos consideran que los excesos y abusos deberían cometerse en otros ámbitos. El Estado fue creado para asegurar derechos. Con ese fin, tiene dos funciones esenciales: la seguridad y la justicia. Ninguna se cumple en Colombia, entre otras razones, porque se consideran menos importantes que muchas otras funciones que los ciudadanos han otorgado al poder político.
Lo que sucede es que algunos consideran que los excesos y abusos deberían cometerse en otros ámbitos
Como no se cumplen, ese mismo poder político nos asegura que debe tener mayor discresionalidad, a costa de nuestros derechos, engañándonos con la retórica de supuestos fines superiores. Nos quitan nuestros derechos económicos, por un supuesto desarrollo y crecimiento. Nos quitan nuestros derechos individuales por una supuesta armonía, y la paz.
Ahora nos quitan hasta nuestra dignidad, por una supuesta mayor seguridad. Y los ciudadanos lo hemos permitido. No obstante, nuestros representantes han olvidado, por ignorancia o cinismo, que sin libertad no se puede lograr o se puede disfrutar de ninguno de esos objetivos.
Así, parafraseando a Benjamin Franklin, los colombianos estamos sacrificando la libertad y nuestros derechos y nos estamos quedando sin ellos, pero también sin desarrollo, crecimiento, armonía, paz y seguridad. Tal vez es porque no nos merecemos ninguno de ellos.
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