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Las dictaduras latinoamericanas han sofisticado métodos para aterrorizar y encarcelar opositores. La estrategia es tomar control absoluto del poder judicial y convertirlo en el brazo ejecutor de la represión política. Está táctica se da en varios países: en Cuba, con un régimen que cuando no elimina físicamente a sus adversarios, utiliza jueces y fiscales a su servicio, para sentenciar a largas penas, en juicios ocultos a sus adversarios, como acaba de suceder con cerca de 400 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021; en Nicaragua, donde luego de los asesinatos de estudiantes, el régimen ha orquestado juicios para detener y sentenciar a los candidatos presidenciales de oposición; en Venezuela, según el informe de Naciones Unidas de 2021, el sistema de justicia subordinado a Maduro, “ha cometido graves violaciones de los derechos humanos contra opositores“; y ahora en Bolivia con la condena de la expresidente transitoria Jeanine Añez.
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Las técnicas son las mismas, una administración de justicia subordinada al poder político, jueces y fiscales venales que escenifican una farsa jurídica junto a un despliegue intenso de propaganda en los medios oficiales para distorsionar la realidad e imponer narrativas falsas que justifiquen condenas sin sustento jurídico.
En el caso de la expresidente Añez, después de 400 días de detención preventiva ilegal, en los que fue sometida a tratos humillantes y degradantes, como reconoció el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la condenan a 10 años de prisión por los supuestos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, que en realidad son eufemismos para cubrir la misma acusación que utiliza el régimen cubano: “Conspiración” y “sedición”. Con esa condena, Evo Morales busca reescribir la historia para justificar su renuncia, su fuga a México y cubrir el fraude electoral en las elecciones presidenciales del año 2019. Además, al instaurar la falsa narrativa del “golpe de Estado“, Evo Morales deslegitimiza la presidencia de su delfín, el actual presidente Luis Arce, resultante de ese supuesto “golpe“, con la mira puesta en forzar su renuncia y retornar al poder sin necesidad de nuevas elecciones.
La criminalización de la actuación de Jeanine Añez como jefa de Estado transitoria, carece no sólo de sustento jurídico sino que va contra el sentido común. La transición democrática en Bolivia se dio ante un vacío de poder originado en una curiosa renuncia en cadena, iniciada por Evo Morales y seguida por el vicepresidente, la presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. En ese escenario incierto, y ante un inminente peligro de violencia descontrolada, se llevaron las negociaciones entre los partidos políticos con representación parlamentaria, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de Evo Morales, la Iglesia Católica, representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y del Gobierno de España. El resultado de esas gestiones fue el de convocar a Jeanine Añez, para que en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado se haga cargo de la presidencia del país, respetando la línea de sucesión Constitucional, con el encargo de llamar a elecciones a la brevedad posible. La legalidad de ese acuerdo por consenso entre todos los actores políticos nacionales fue certificada por el Tribunal Constitucional boliviano. Ante esa realidad, acusar de conspiración o sedición a alguien que no participó en esas negociaciones es a todas luces un absurdo jurídico.
A la expresidente no le permitieron asistir de manera presencial a su juicio. No hubo el mínimo respeto al debido proceso ni a los estándares internacionales establecidos en las convenciones de derechos humanos de la OEA y de las Naciones Unidas: se desconoció el Derecho a la igualdad ante la ley; la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y público por un tribunal competente e imparcial.
Más grave aún: a la expresidente se le ha negado el derecho al “juez natural”, ya que el Tribunal Supremo de Justicia es la única instancia competente para juzgar a una exjefe de Estado. Ella fue condenada por jueces ordinarios que no tienen competencia para hacerlo, y por tanto esa sentencia es nula conforme a la Constitución boliviana. El Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, así como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe anual sobre los derechos humanos, han denunciado el caso de la señora Añez como un ejemplo del abuso de la detención preventiva y de la falta de independencia de la justicia. Por si todo esto fuera poco, el expresidente Evo Morales confesó públicamente, en su programa radial semanal, que no se inició un juicio de responsabilidades a la expresidente, porque su partido no contaba con los dos tercios de votos en la Asamblea Nacional y por tanto él, junto al actual presidente, el ministro de Justicia y los presidentes del Senado y de diputados “coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”.
Todo esto demuestra que, a diferencia de las dictaduras y las democracias iliberales, las únicas verdaderas democracias en América Latina son aquellas donde la libertad de los individuos no depende de ideologías, ni de buenas intenciones de los gobernantes, sino de la autonomía de la justicia, el respeto a las leyes y de un efectivo equilibrio de poderes.
