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El actual secretario general de la OEA -el ex canciller uruguayo Luis Almagro- tomó la inusual decisión de activar la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de tratar a nivel hemisférico la situación de Venezuela.
En el documento, que envió a los mandatarios de los países miembros convocando una sesión urgente del Consejo Permanente, Almagro puntualizó que “en la defensa de la democracia debemos evitar dobles estándares y aplicar los mecanismos, como el de la Carta Democrática Interamericana, en todos los casos donde se constaten situaciones de deterioro en el respeto de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”. Asimismo, el jerarca enfatizó que tanto la democracia como los derechos humanos están por encima de las tiendas políticas, porque si los perdemos, es la sociedad entera la que sufre.
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El Secretario General recordó que la OEA fue la impulsora de una nueva lógica sobre cómo defender la democracia en nuestro continente. La línea de acción propuesta caló hondo y actualmente existe el deber moral y el compromiso multilateral de defender esos valores y principios. Existe el compromiso ético de señalar con firmeza la existencia de disfuncionalidades en el sistema, “cuestión que se pone de manifiesto, de manera objetiva, cuando nuestros derechos son violados”. Con firmeza, recalcó que la defensa internacional de la democracia es responsabilidad de todos e imprescindible para evitar el «efecto contagio”.
Al justificar la convocatoria del Consejo Permanente, señaló que desde 2002 hasta la fecha, en varias oportunidades los miembros de la OEA compartieron unánimemente el criterio de que “este apoyo lejos de vulnerar el principio de no intervención fortalece el principio de solidaridad regional”. En aras de los preceptos mencionados, es que “este procedimiento deberá atender la ‘alteración del orden constitucional’ y como (sic) la misma afecta ‘el orden democrático’ de la República Bolivariana de Venezuela”.
De forma específica, denunció la crisis institucional, el deterioro de la situación humanitaria, la brutal corrupción, las decenas de presos políticos, la “cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo” y las “violaciones flagrantes” a las libertades de prensa y expresión en el mencionado país caribeño. En consecuencia, reclamó la realización de una apreciación colectiva de la situación, con el fin de que el Consejo adopte las decisiones que estime convenientes para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en esa nación.
La actitud de Almagro fue llamativa y provocó revuelo por varios motivos:
Su conducta como canciller del Uruguay, durante la presidencia de José Mujica (2010-2015), no daba pie para prever esta claridad mental y defensa irrestricta de la democracia liberal republicana. Es indudable que uno de los más sorprendidos por sus denuncias fue el presidente venezolano Nicolás Maduro.
En consecuencia, copiando a sus mentores Fidel Castro y Hugo Chávez, Maduro trató de amedrentar a Almagro con insultos públicos y expresiones soeces. Lo trató de “basura”, “traidor”, de ser “agente de la CIA” y le espetó que “la Carta Democrática la pueden hacer así, mira: ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso. Señor Almagro, métase su Carta Democrática por donde le quepa”.
Esa estrategia, que tan buenos resultados dio con su antecesor, el pusilánime José Miguel Insulza -que parecía más interesado en cobrar su suculento sueldo que en defender los deberes inherentes a su cargo con respecto a la democracia y los derechos humanos-, fracasó de forma estrepitosa con Almagro. Por el contrario, cuanto más lo querían acobardar, más se agigantaba en su posición y mayor firmeza demostraba.
Por otra parte, su postura dejó en falsa escuadra a los presidentes de la región, que desde hace tantos años se vienen haciendo los distraídos en forma impúdica y vergonzosa con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sus excusas ya no engañan a nadie sino que delatan que sus convicciones democráticas son muy dudosas.
El cuento de que la legitimidad de Chávez y Maduro reside en que han sido electos mediantes elecciones populares, se lo tragan únicamente los muy fanáticos o ignorantes. En una democracia, los comicios son un elemento necesario pero no suficiente. Para empezar, sólo una ciudadanía bien informada está en capacidad de elegir libremente, cosa que Chávez se ocupó de impedir: precisamente, uno de los rasgos distintivos de su régimen fue la persecución tenaz de toda la prensa independiente.
Además, si la población entera depende del Estado para su subsistencia, es ingenuo pensar que realmente da su voto con autonomía. Si a todo eso le sumamos el amedrentamiento desembozado, las amenazas implícitas y explícitas, las represalias y falta de garantías electorales, entonces ¿cuál es la legitimidad de origen real? Y eso sin mencionar que es prácticamente un hecho que Maduro recurrió al fraude para proclamarse vencedor de los comicios de 2013.
Pero, más importante aún que la legitimidad de origen, es la legitimidad de ejercicio. Significa acatar la separación de poderes y la autonomía de los órganos de contralor, y tutelar los derechos civiles, políticos y económicos individuales. En pocas palabras, comprender que la voluntad e intereses a respetar son los de la ciudadanía y no los de los gobernantes. Esencialmente: tener claro que en una república el poder está limitado, tanto el de las autoridades como el del “pueblo”.
Algunos mandatarios o expresidentes, para evitar condenar al chavismo -hacia el cual sentían una indisimulable admiración-, se escudaban en el “principio de no intervención” ante los asuntos internos de otros países. Hipocresía que ha quedado reiteradamente de manifiesto, al constatar que esa postura es muy selectiva.
Un ejemplo es Mujica. Gran amigo personal tanto Chávez como de Maduro, el expresidente uruguayo declaró que “tienen que arreglarlas entre los venezolanos y no tenemos que meternos los de afuera”. Subrayó que la actual coyuntura en Venezuela debe resolverse entre ellos y no debe existir ningún tipo de presión desde el extranjero, «mucho menos fuera del continente».
No obstante, en otras ocasiones, parece que sí le pareció correcto “meterse” en los asuntos internos de otros países. Entre ellas, podemos mencionar las pasadas elecciones argentinas, cuando compartió estrado con Daniel Scioli. En Argentina, la presencia de Mujica se interpretó como un expreso apoyo a la candidatura del candidato oficialista y heredero del kirchnerismo. O, más recientemente, cuando usó su fama internacional para defender a Lula da Silva de las acusaciones de corrupción que investiga la Justicia brasilera; o declarando que “Hay una formidable campaña contra el Gobierno de Dilma (Rousseff)», que provocó «las investigaciones más profundas anticorrupción de la historia de Brasil (…) y, sin embargo, (sólo) falta que a esta mujer la cuelguen de un farol”.
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En conclusión, la decente actitud de Almagro dejó al descubierto la cobardía, hipocresía y falta de auténticas convicciones democráticas de la mayoría de las jerarquías nacionales e internacionales de Latinoamérica.
Como el niño de la fábula, con voz alta y clara, el Secretario General de la OEA gritó: “¡El rey está desnudo!”
