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EnglishEn enero de 2014, el Congreso de Honduras aprobó una ley de Secretos Oficiales. La ley contempla sanciones a la divulgación de información clasificada, sobre la base de que podría interferir con la seguridad y defensa nacional. Pero, en realidad, limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, y otorga discrecionalidad a los funcionarios públicos permitiéndoles darle estatus de “secreto” a cualquier información por 20 años o más. Las diferentes categorías de información son: reservado, secreto confidencial, secreto, y alto secreto.
Cuando la ley fue presentada por primera vez a la opinión pública, obviamente provocó fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, dado que representa una clara violación del derecho de acceso a la información pública. Implica un gran retroceso para el país en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, esto no debería sorprender a nadie: Hace exactamente un año, en marzo de 2013, se presentaron enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones de Honduras al Congreso (emulando la ley vigente en Ecuador) para regular la libertad de expresión. Periodistas y varias organizaciones de la sociedad civil que contaron con apoyo internacional ―incluyendo a miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa― se opusieron a la ley, que al final no fue aprobada, después de varios meses de discusión.
Después de algunas reuniones con el presidente electo Juan Orlando Hernández, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Doris Imelda Madrid, reculó su postura inicial de protesta hacia una más conciliadora, argumentando que nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de cumplir con la ley.
Obviamente, los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre las acciones y actitudes de sus gobernantes; así mismo, los gobernantes tienen la obligación de implementar mecanismos de seguimiento y hacer cumplir las sanciones en el caso de que se compruebe la existencia de comportamiento ilegal.
A pesar de que la implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos democráticamente electos deben reflejar las demandas sociales de los ciudadanos, en América Latina la realidad es como Maquiavelo advirtió: Cuanto más poderoso se hace un hombre, mayor su autoridad, lo que aumenta la tentación y la probabilidad de que abuse del poder.
En Honduras, uno de los países más corruptos del mundo, la transparencia es siempre muy importante, porque es un mecanismo para reducir la criminalidad y el abuso de poder por parte de de los funcionarios gubernamentales. Cuanto más observe estrictamente la ciudadanía a los funcionarios, mejor se comportarán; necesitamos de una estricta política de rendición de cuentas para castigar a los gobernantes ineficaces o deshonestos, y recompensar a aquellos que muestran eficiencia y resultados en el servicio a los intereses de sus electores dentro de la legalidad.
Si nosotros―el pueblo―tenemos acceso a la información, entonces también seremos poderosos. Es por eso que los gobernantes son tan reacios a que accedamos a ella.
Todas las organizaciones de la sociedad civil creadas para promover la transparencia y la rendición de cuentas en Honduras deberían ser más activas, no dejarse intimidar, y articular la exigencia de que el gobierno nunca coaccione a los individuos, excepto cuando el propósito sea hacer cumplir la ley. Los Estados no deben extralimitarse, deben servir al hombre, no al revés, y promover la autonomía individual en vez de regularla.
Paralelamente a la Ley de Secretos Oficiales, se introdujo en el Congreso un proyecto de ley destinado a regular estrictamente la venta de tarjetas SIM y chips de teléfonos celulares, bajo el pretexto de que ayudaría a combatir la extorsión. Esta ley exige que las empresas de telefonía móvil le entreguen al gobierno una base de datos fiable de las personas que compran tarjetas SIM, incluyendo su fotografía, huella digital, y una copia de sus documentos de identidad. El proyecto de ley también contempla el acceso a los correos electrónicos almacenados en los teléfonos.
Esto no sólo representa una excesiva intervención estatal, sino que también revela las verdaderas intenciones del gobierno: Controlar y monitorear las conversaciones telefónicas privadas, no defender los intereses de los ciudadanos. Si se aprueba, se estaría violando la privacidad, pero también daría lugar a una disminución significativa en las ventas; las personas que viven en zonas rurales tendrían que viajar a las ciudades para cumplir con todos los nuevos requisitos y comprar el chip de teléfono celular.
Además, los precios aumentarían para cubrir el fuerte gasto en el que tendrían que incurrir las empresas de telefonía celular en la instalación de los equipos necesarios para cumplir con la normativa. Todo esto va a debilitar aún más la competitividad del país.
Lo más desconcertante de ambas situaciones es que ni las empresas de telefonía celular ni la población están protestando contra estas medidas arbitrarias. Uno no puede dejar de preguntarse si tal sumisión y apatía son resultado del miedo, o si será simplemente falta de interés.
Estos acontecimientos también demuestran la vena autoritaria de Juan Orlando Hernández: Está concentrando poder de manera bastante perniciosa, y nadie se lo está impidiendo. Por supuesto, no se puede negar que ha tenido muy buenas iniciativas, pero tal vez hayan sido un camuflaje para ocultar sus verdaderas intenciones. Téngase en cuenta que hace apenas dos días, el ex presidente Rafael Leonardo Callejas, uno de los asesores más cercanos de Hernández, declaró la posibilidad de un plebiscito para discutir y considerar la reelección presidencial no consecutiva en Honduras.
Traducido por Alan Furth.
