Las dudas sobre los procesos administrativos que sigue la alcaldesa comunista de Santiago de Chile, Irací Hassler, crecen con velocidad, después de intentar comprar con sobreprecio la exclínica Sierra Bella. Ahora, la Fiscalía nacional no sólo indagará esta adquisición frustrada por la Contraloría, sino todas las realizadas por la funcionaria, ante las sospechas de fraude en las negociaciones de su gestión.
Hassler ya lo sabe. Su despacho recibió un oficio del fiscal, Patricio Cooper, donde le solicita “informar y remitir las adquisiciones efectuadas durante los años 2021 y 2022″, así como también “las tasaciones que sirvieron de sustento” para elegir las propuestas más convenientes, revela La Tercera.
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La presión es clara. El objetivo del Ministerio Público se ve nítido. El ente busca saber si las irregularidades detectadas en el pacto de la propiedad de la Sociedad Inmobiliaria San Valentino por 8200 millones de pesos chilenos (10 millones de dólares), cifra que equivale a cuatro veces el valor de la edificación, se repitieron en la selección de otros proveedores.
Estrategia en picada
La alcaldesa falló si pensó que se zafaría de la Fiscalía al endosar a altos funcionarios de la municipalidad cualquier responsabilidad en la compra del establecimiento de salud. El Ministerio Público ya descubrió que las tres tasaciones realizadas “no dan cuenta del valor comercial del inmueble y sus instalaciones”, precisando que el precio “se encuentra sobrevalorado”.
El trabajo de Cooper será intenso, porque “las compras que se habrían realizado bajo esta administración son innumerables. Esto está ocurriendo, porque obviamente se visualizaron vicios en el proceso de compra y la Fiscalía amerita una investigación más profunda de la que se estaba desarrollando por el caso Sierra Bella”, indicó el concejal Juan Francisco Mena en contacto con PanAm Post.
El edil insiste en que “hay varias aristas en cuanto a irregularidades presuntas que podrían haber ocurrido”. Es que para Mena, si bien la mayor sospecha recae sobre el exsecretario de Planificación, Luis Mayorga; el exjefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle así como la exdirectora de Salud, Beatriz Chamorro; también aclara que la trilogía de funcionarios llegó de la mano de Hassler a la municipalidad.
“Ella los colocó en puestos de confianza de la alcaldía. Fueron su alto mando y lideraron las adquisiciones desde el primer día de la gestión de la alcaldesa”. Por ello, cree que lo ideal sería extender hasta 2023 las averiguaciones, considerando que el equipo dejó los cargos este año al trascender el escándalo.
Evidencias claves
Deslastrarse de la Fiscalía será complejo para Hassler. Su objetivo se empaña especialmente cuando existe un correo enviado el 8 de enero, poco antes que se votara la compra de la antigua clínica Sierra Bella, por el abogado Diego Berríos, especialista en derecho tributario y asesor de Inversiones Las Malvas, que participaba en la negociación de otro edificio cercano, donde alertaba sobre “vicios” en el pacto.
Hassler lo desestimó. Tendrá que explicar cuando Mena recalca que en la alcaldía existe una comisión evaluadora encargada de revisar los procesos de adquisiciones para elegir a los ganadores de una licitación. Cumplido este paso, tramitan la aprobación.
¿Engañaron al parlamento local o aprovecharon la mayoría a favor que ostenta la alcaldesa-ocho curules de los 11 que lo integran? En las comparecencias se sabrá.
Sin embargo, el fiscal Cooper maneja evidencias sobre cómo se gestó el negocio de Sierra Bella, quiénes intervinieron y el grado de participación de cada uno. De hecho, ya consignó ante el Séptimo Juzgado de Garantía un expediente donde apuntó que la “compraventa adolece de serios cuestionamientos, principalmente por el precio acordado, el cual no se justifica en lo absoluto”.
El documento también agrega que “llama la atención además que la Ilustre Municipalidad de Santiago haya efectuado diligencias necesarias para adquirir otro inmueble en forma previa por un valor notoriamente inferior y después repentinamente haya desechado tal posibilidad en aras de suscribir, con notoria rapidez, el contrato de compraventa cuestionado por un valor muy superior”.
El radar está activo sobre las compras de Hassler. Tanto que ya alcanzó al dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, a quien la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía le analizó su patrimonio.
Los resultados obtenidos son claves. Desde el año comercial 2012, Sánchez no registra declaraciones de Impuestos a la Renta ni de Impuesto de Valor Agregado (IVA). En su historial solo se evidencian declaraciones de honorarios cuyo mayor monto anual ascendió a 8.5 millones de pesos (9520 dólares), cifra que aumentó en 2011 y 2012 a los 102 millones de pesos, es decir, 114240 dólares.