El expesidente Evo Morales impulsa un bloqueo indefinido de las carreteras del país cocalero. Esta nueva rebelión forma parte de la lucha que mantiene en contra del actual mandatario de la nación, Luis Arce, por la candidatura de 2025. Con el cierre de las vías principales, previsto para el próximo 4 de septiembre, Morales promete que “reventará” la gestión de quien hasta hace un año era su mayor aliado.
En ese tono está el divorcio político entre Morales y Arce. A su vez, en el medio de la disputa está la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), organización que padece los tirones que ambos protagonizan. Por un lado está Ponciano Santos (evista) agitando a los militantes para concretar el bloqueo de Morales y por otro, avanza Lucio Quispe (arcista) intentando posicionarse como la cabeza de la Csutcb para evitar el cierre de las vías.
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Morales embiste sin tregua. A través de Santos presiona al gobierno de Arce para que asuma la responsabilidad de la gasificación que ordenó esta semana en el coliseo Héroes de Octubre, durante la elección de la directiva de la Csutcb. Esta acción dejó más de 500 heridos.
“El gobierno tiene que pedir perdón por el acto criminal de gasificación violenta, discriminadora y racista en el congreso de la Csutcb en la ciudad de El Alto, tiene que pedir perdón de rodillas”, exige el dirigente afín a Evo Morales.
Entre demandas
Desde sus trincheras los aliados al otrora sindicalista cocalero exigen que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Defensoría del Pueblo investiguen las responsabilidades, así como también gestionen un informe detallado de la deuda externa que mantiene Bolivia con organismos internacionales. Estratégicamente, solo piden que las investigaciones sean desde que Arce ascendió al poder.
“Existen serias críticas a la forma en que se viene manejando la economía, por lo que corresponde tener conocimiento del monto al que asciende la deuda externa, es decir, que estamos hablando de los préstamos que se han incurrido en el Gobierno de Luis Arce”, señaló Santos.
Incluso, demandan la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, porque supuestamente instruyó la gasificación de los campesinos en el Congreso. Esta petición alcanza también al titular de Justicia, Iván Lima, por anunciar un proceso contra Evo Morales.
Arce inquieto
La viceministra de Comunicación de Arce, Gabriela Alcón, asegura que el bloqueo de Morales generará pérdidas diarias de 115 millones de dólares. Al respecto, argumenta que esto “no es un paro para el Gobierno, sino es un paro donde se ve directamente perjudicada la población, comerciantes, transportistas, vendedores y otros que no pueden trasladarse para realizar sus actividades”.
Arce está inquieto. Ya tiene 11 días con la carretera que une a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, a la altura del municipio de Buena Vista, bloqueada por campesinos que exigen la construcción de un tramo. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) promedian en 100 millones de dólares las pérdidas.
Sin embargo, Morales está dispuesto a mantener el plan que abultaría la cifra de pérdidas. De hecho, entre las metas de la presión que ejerce Morales destaca la recuperación de la cúpula de directiva de la Central Obrera Boliviana (COB). El exmandatario promueve la necesidad de un congreso para cambiar al comité ejecutivo por considerarlo “golpista”.
Ya dirigentes de sus filas comenzaron a atacar las instalaciones de la policía boliviana, tras la aplicación de controles de documentación de vehículos para identificar a indocumentados y motorizados que circulan con placas falsas.
Arce usa a la justicia
Mientras, Arce va por los cercanos a Morales instruyendo la detención de Harold Alberto Lora, acusado construir con dinero proveniente del narcotráfico un complejo habitacional conocido como “Las Loritas”, violando las leyes municipales.
Otro tras las rejas es el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, aliado de Evo, quien fue condenado a seis meses de detención preventiva por enriquecimiento ilícito y figurar como socio del traficante paquistaní Umar Siyab, para introducir automóviles a Bolivia de manera ilegal desde Chile mediante la empresa Stefais Logistic. La estrategia que manejaban era comprar vehículos usados en el puerto y enviarlos a Bolivia, donde circulaban con documentación falsa y con placas ilegales. Estas facilidades eran otorgadas por el gobernador, para que los propietarios pudieran comprar combustible subvencionado sin problemas.
De esa forma, se causó una evasión de 60 millones de dólares pero Morales asegura que la condena es “racista”.