El mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal o de terceros es una práctica en ascenso en Chile, donde la corrupción comienza a levantar nichos en ministerios, gobernaciones y municipalidades. Cifras del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que divulgó el Centro de Investigación Periodística (Ciper), revelan el levantamiento de 203 querellas por delitos de corrupción que involucran no sólo a las instituciones del aparato público sino a funcionarios y autoridades comunales en 135 municipios, de las 346 comunas del país.
De estos 203 casos cuyas indagaciones iniciaron en 2009 y afectan al 40 % de las municipalidades, 95 ya finalizaron y 58% de esta última cifra, es decir, 55 investigaciones, quedaron sin determinar un culpable. Este proceder despierta sospechas, pues, según el sitio web Ciper Chile, “hay datos suficientes para sustentar una querella por graves irregularidades en el manejo del dinero”.
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Los números dan cuenta que el problema es a escala nacional. De hecho, la investigación del medio chileno ofrece como conclusión que “a lo largo de todo el país, los gobiernos comunales parecen ser un campo fértil para los delitos de corrupción”. Es irrefutable ante el escándalo que originó el traspaso de fondos públicos desde entidades regionales de forma directa a 37 fundaciones aliadas del gobierno del presidente, Gabriel Boric, por al menos 20 millones de dólares.
La punta de un icerberg
Esa entrega de recursos públicos sin protocolos administrativos en el mandato de Boric fue lo que detonó una investigación por fraude al fisco, de malversaciones, tráficos de influencia y negociaciones incompatibles por parte de la Fiscalía y la Contraloría.
“Todos los pagos se hicieron mediante contratos sin garantías, no hubo pagos parcializados, no hubo boletas de garantías. Incluso, hay un desajuste entre los objetivos de estas fundaciones que son de beneficencia y hay desajuste entre los objetivos y la experiencia de sus directivos”, asegura el fiscal nacional, Ángel Valencia, desde que explotó el escándalo hace dos meses.
Sin embargo, la Fiscalía tiene más trabajo por delante cuando, por ejemplo, la Municipalidad de Tierra Amarilla, lidera el ranking de las indagatorias por corrupción con siete causas ajenas al caso fundaciones. Y a esta municipalidad le siguen Viña del Mar, Talcahuano, Maipú, Cerro Navia y Chillán, con cinco investigaciones cada una.
Una práctica millonaria
En estas localidades, si bien la mayoría las querellas son por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, así como negociación incompatible, también existen casos donde abunda la presunta existencia de asociaciones ilícitas entre funcionarios y particulares.
El daño por la corrupción en Chile repercute directamente sobre el patrimonio público en las causas interpuestas por el CDE determinan, preliminarmente, el perjuicio de 79.000 millones de pesos, un equivalente a 91,2 millones de dólares. Hasta ahora, 32 alcaldes están imputados en procesos judiciales abiertos por irregularidades en la contratación de los servicios de alumbrado público con respecto a los montos, plazos pactados.
También hay funcionarios en las alcaldías acusados por el otorgamiento de licencias de conducir o permisos de circulación ideológicamente falsos. En esta condición hay al menos, 20 investigaciones que involucran a 15 municipalidades, pero las posibilidades de una condena efectiva son bajas.
La impunidad parece reinar cuando de los 37 procesos judiciales interpuestos contra un jefe comunal por delitos de corrupción, sólo cinco recibieron una pena pero obtuvieron medidas cautelares. Esa tendencia explicaría el estancamiento del país con 67 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ―donde cero es muy corrupto y 100 muy transparente― luego de haber alcanzado 74 puntos en 2014.