English Version
Santiago de Chile, 18 ago (EFE).- El 60 % de la población chilena se inclina por votar “en contra” del nuevo texto constitucional que se someterá a referendo popular el próximo 17 de diciembre y que se escribe como alternativa a la Constitución actual.
Este es el principal resultado de un estudio presentado este viernes por la Universidad Diego Portales, una de las más reconocidas de Chile, en el que también destaca que una de las opiniones mayoritarias sobre el actual proceso constituyentes es que “es ilegítimo (…) porque no resuelve los problemas del país”.
- Lea también: Corrupción en Chile: 135 municipios tienen querellas con la justicia
- Lea también: Consejo Constitucional de Chile discutirá derecho a la vida del no nacido
De acuerdo con el mismo, las personas de nivel socioeconómico bajo de entre 18 y 29 años son los que más se inclinan a votar en contra, en cambio, aquellos entre 50 y 59, con un poder adquisitivo mayor y una ideología de centro o derecha son los sectores más favorables a votar el apruebo.
A pesar de que la mayoría de los encuestados se inclinan por rechazar el nuevo texto, muchos coinciden en que la aspiración de cambiar la Constitución sigue vigente y declaran considerar de gran importancia la elaboración de una nueva carta magna.
De los 50 consejeros que redactan la nueva propuesta de Constitución para Chile, 22 escaños pertenecen al Partido Republicano (PR). En este sentido, un gran porcentaje de los entrevistados estiman que existe un alto poder de influencia de su líder, José Antonio Kast, y de los empresarios en la elaboración del nuevo texto.
Este es el segundo intento de Chile en tres años por redactar una nueva carta magna, tras el amplio rechazo en septiembre de 2022 a una propuesta refundacional, elaborada por una convención de mayoría izquierdista, lo que significó un enorme fracaso para el presidente Gabriel Boric.
El borrador que se discute en la actualidad es más moderado que la propuesta anterior y el Partido Republicano tiene poder de veto.
La actual Carta Magna chilena fue aprobada en 1980, durante el mandato de Augusto Pinochet. Después del estallido social de 2019 se anunció un acuerdo político para generar una nueva constitución que no consiguió contar con la mayoría.
