Las fundaciones aliadas del presidente de Chile, Gabriel Boric, para supuestamente gestionar las necesidades de vivienda no construyeron ni una pared ni instalaron media cañería. Tampoco redujeron la propagación de las “tomas ilegales o campamentos” como se conocen a las usurpaciones de terrenos en el país, cuya cifra aumentó 39,5 % desde que el mandatario asumió poder, sino que destinaron los recursos públicos recibidos a proselitismo político.
La suma de recursos despilfarrados es descomunal, considerando que pasó de tres millones y medio de dólares a 479 millones de dólares, una semana después de que la Contraloría indagara el escándalo por las transacciones directas entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta, al norte del país, y seis organizaciones aliadas del Ejecutivo en la zona.
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Con este monto, Boric supera en 15 meses de gobierno, la cifra destinada a fundaciones por sus antecesores, debido a que Sebastián Piñera cerró su periodo de cuatro años con 319 millones de dólares y Michelle Bachelet con 186 millones de dólares.
Fachadas para transar
El aumento de las transferencias en el mandato de Boric no es fortuito. “Esto tenía que ver con plata para la campaña del ‘Apruebo’. Era una fórmula que tenía el Gobierno para transferir recursos a proselitismo político, porque en esos mismos momentos estaban rindiendo los baldes con arena de los campamentos, pero la actividad grande, la que todos postearon en sus redes sociales es la actividad proselitista, con los letreros del ‘Apruebo’, actos de campaña con música, con sonido y ciertos artistas”, denuncia el diputado Felipe Alessandri.
Al parecer el gobierno habría creado fundaciones de fachada para financiar campañas políticas. #CataGate #MesaCentral pic.twitter.com/sHyYy5yjxQ
— Elías Parada 💛 (@Elias_Parada_S) June 25, 2023
Entre las irregularidades reportadas por la Policía de Investigaciones (PDI) destacan el alquiler de un departamento para funcionar como oficina, pero en su interior sólo hallaron camas. Sin rastros de un escritorio, una impresora o teléfono. “La primera sospecha que cabe es lo que se rendía como oficina, pero finalmente, era una fachada”, dice Alessandri.
Según el parlamentario “este modus operandi operaba en otras regiones con muchas otras fundaciones y hemos tenido que filtrar, porque hay más de 3000”. Esa depuración de las fundaciones arroja más indicios de anomalías, considerando que la fecha de creación data de entre enero y febrero de 2022, cuando ya Boric había ganado la segunda vuelta, mientras que otras fueron constituidas a días de asumir y a un par de meses de llegar a La Moneda.
Querellas en todos lados
La Contraloría está recabando las evidencias del uso de los recursos de las fundaciones en campaña para esclarecer si hay tres delitos, los cuales serían: fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación. Sin embargo, el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente también asegura que presentó una solicitud ante el Servicio Electoral porque “esto puede ser infracción a la ley electoral”.
Boric siente “indignación”. Dice que “políticamente es muy grave, y por lo tanto, no habrá defensas corporativas”. Reconoce que los estándares utilizados en el pasado para juzgar y criticar a sus adversarios ante casos contra la fe pública deben ser capaces de aplicarlos a su Administración.
En el Congreso, la oposición deja sin efecto sus palabras, al anunciar una interpelación al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por los millonarios recursos transferidos a fundaciones, en víspera de la campaña para el plebiscito constitucional. “Él habría estado al tanto de todos los recursos que se le estarían entregando a fundaciones cercanas al oficialismo. Esto sería, de comprobarse, una infamia”, indica la diputada Marlene Pérez.
Ministro en tensión
Montes se encuentra en la punta de un iceberg, por el uso de recursos públicos en campaña por parte de fundaciones. Este miércoles se reunirá con el fiscal a cargo del caso en Antofagasta, Cristian Aguilar, para entregarle documentos recabados por su cartera, donde constata la contratación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta pertenecientes al Programa de Asentamientos Precarios en la fundación Democracia Viva, la primera organización en la lista de investigadas.
Ya Tatiana Rojas dejó la subsecretaría de vivienda, porque “se estimó que había responsabilidades en eso, y a partir de eso se le pidió la renuncia”, señaló el ministro. ¿Detiene la avalancha de desprestigio? No.
De hecho, la ultima encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem) arroja que 86 % de los chilenos cree que hay corrupción mientras que un 9 % piensa que es un error administrativo. Además, un 78 % desaprueba la forma en cómo el gobierno ha gestionado esta crisis.