La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) incautó las computadoras de la alcaldesa comunista de Santiago, Irací Hassler, y otros cuatro altos funcionarios de su administración como parte de las pesquisas ante la compra de la clínica Sierra Bella por cuatro veces su valor que pretendía concretar la mandataria de la capital chilena.
La orden de decomisar los equipos tecnológicos derivó del fiscal jefe de Santiago, Patricio Cooper, quien además solicitó la extracción de la base de datos de los correos de la jefa comunal, la directora de Salud, Beatriz Chamorro; el exdirector jurídico, Jean Pierre Chiffelle; el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga y los de su secretaria, Marisol Veit, quien envió el borrador de la escritura pública a la notaría donde se estimaba adquirir el inmueble.
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Ese documento donde Hassler pactó la compra de la propiedad a la inmobiliaria San Valentino SpA por 8.200 millones de pesos chilenos (10 millones de dólares) cuando la inmobiliaria la había adquirido solo un mes antes por 2.080 millones de pesos chilenos (2,5 millones de dólares) llevó a la Contraloría a objetar la negociación, alegando sospechas de falta al debido uso de recursos públicos y “precio injustificado”.
Componente judicial
Irací Hassler entregó las computadoras pero negó tener celular institucional para evitar la incautación de su teléfono personal en medio de las indagaciones que efectúa la PDI para rastrear las comunicaciones entre quienes participaron en la negociación de los dos edificios ubicados en las cercanías de avenida Matta con Sierra Bella.
Sin embargo, el fiscal Cooper tiene en sus manos el informe de la Contraloría que recopila en 32 páginas las inconsistencias legales que rodean la adquisición.
Además, el Consejo de Defensa del Estado también recibirá los resultados de la auditoría para el proceso penal contra Hassler en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Entra las diligencias reservadas, La Tercera destaca la incautación del vale vista por 2.465.862.002 pesos, que Hassler, en nombre del municipio de Santiago, ya había emitido a la Inmobiliaria San Valentino, y que permanecía en una notaría capitalina tras el abogado querellante, Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johanes Kaiser, haber solicitado el decomiso del pago que correspondía al 30 % del precio pactado, y ante la negativa del ministro de fe a hacer entrega voluntaria, el fiscal Cooper acudió ante la justicia, quien despachó una orden de entrada y registro para incautar el documento.
“El caso de Hassler tiene un componente judicial sobre todo porque se ha retractado de la compra de la clínica Sierra Bella”, apunta Patricio Gajardo, analista de Dorfman Gattas Consultores a PanAm Post.
Efecto devastador para el Gobierno
Hassler está en conocimiento del informe de la Contraloría que objeta la compra de la clínica aprobada por el Concejo el pasado 18 de enero y ordena un sumario para establecer responsabilidades administrativas.
La mandataria local está bajo presión, considerando que Jorge Bermúdez, titular del fiscalizador, ya le advirtió que la compra de un establecimiento de salud excede sus funciones como jefa edilicia porque su cargo sólo se limita a la “atención primaria de salud” y no a la red hospitalaria, ni de clínicas.
En el Partido Comunista lidian con el escándalo a sólo tres semanas para las elecciones en las que se elegirán a los 50 miembros del Consejo Constituyente. En la víspera de la jornada del 7 de mayo, Guillermo Teillier, presidente de la formación política, vocifera que Hassler pasó la “prueba de la blancura al someterse a todo lo que la justicia le ha pedido”.
Si bien el analista Patricio Gajardo destaca que prevalece el desinterés por la contienda y hay “muy poco ambiente electoral”, la situación de la alcaldesa Irací Hassler tendrá un “impacto significativo” en los resultados de la coalición Apruebo Dignidad, ya que “el caso de la municipalidad de Santiago genera un efecto devastador en el gobierno, junto con la violencia. En todas las encuestas aparece eso como la preocupación principal y el gobierno ha tenido muchas contradicciones en cómo abordar el tema”.
Entre maniobras mediáticas
Maniobrar con la situación de inseguridad ciudadana es la estrategia de Hassler para apaciguar el freno institucional a su negociación y el impacto por la incautación de las computadoras con un plan de reforzamiento de funcionarios policiales en el casco histórico, cuyo costo asciende a 750 millones de pesos (940.000 dólares).
La postal junto a los subsecretarios Manuel Monsalve de Interior; Eduardo Vergara de Prevención del Delito y a la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez sirve de poco. Las protestas estudiantiles persisten en la comuna y los homicidios en Santiago aumentaron 145 % el año pasado al registrar 49 casos, una cifra que supera por mucho los 20 casos del mismo período de 2021.