
La presidente de Perú, Dina Boluarte, no pudo seguir esquivando la investigación preliminar de la Fiscalía Nacional en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos en las protestas de desatadas en Puno y Ayacucho tras el golpe del exjefe de Estado, Pedro Castillo.
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El primer interrogatorio de la mandataria, a cargo del despacho de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, forma parte de un proceso de pesquisas que también alcanzan a actuales y antiguos miembros de su gabinete. Otros señalados son: Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; Jorge Chávez Cresta, actual ministro de Defensa; así como Víctor Rojas y César Cervantes, exministros del Interior.
La mandataria está en un panorama judicial complejo. Lo sabe. Intentó comparecer en en tres oportunidades por videoconferencia pero no lo logró. Su equipo de defensa liderado por la abogada, Kelly Montenegro, matizó la indisposición de Boluarte alegando que “nunca ha habido intención de querer entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás”.
Una audiencia con tensión
El día de Boluarte arribar a la Fiscalía llegó con tensión. La fecha no sólo coincidió con el tercer mes de la destitución y detención de Castillo por perpetrar un golpe de Estado, sino además con la muerte de seis soldados en el río Ilave.
El ministerio de Defensa asegura que los efectivos castrenses fueron interceptados por un grupo de manifestantes, quienes los obligaron a cruzar el caudal atacándolos con objetos contundentes.
“Frente a esta situación y a fin de evitar confrontaciones con manifestantes que actuaban violentamente, amenazando al personal y sin proporcionar ninguna posibilidad de diálogo; la patrulla decidió tomar una ruta alterna”, indicó el Comando Conjunto a través de un comunicado.
La corriente los arrastró y murieron. Otros cinco uniformados sobrevivieron. Sin embargo, el periodista de La República, Liubomir Fernández, quien estaba en la zona altiplánica afirma que “nada los presionó. No tenían a nadie en frente que los atacara de manera directa”.
En su reportaje, indica que después de reanimar a los sobrevivientes, estos relataron que su jefe superior les ordenó cruzar el río con el propósito de cortar camino para llegar más rápido al cuartel Pachacútec. Contaron que la orden se habría coordinado con el comando del cuartel y con el comando de operaciones de Puno.
Con la Fiscalía detrás
Con ese clima, el Ministerio Público indaga la responsabilidad “de quien corresponda” en el asesinato de 18 civiles durante una manifestación en la ciudad sureña de Juliaca el pasado 9 de enero, que exigía la renuncia de la presidente y de los miembros del Parlamento.
Esa jornada fatídica incluye entre las víctimas a una menor y un médico que, en su día libre, acudió a las protestas y auxilió a manifestantes. También murió un policía calcinado.
El caso se complica aún más con la suma de la versión de la Defensoría del Pueblo, que atribuye 48 de los 60 muertos que suman los tres meses de protestas en el país a enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
Wilmer Quiroz, abogado que representa a las familias de las víctimas, cuestiona una supuesta “dilatación” de las pesquisas a la Fiscalía. Asegura que el Ministerio Público sólo ha recabado documentos después de las muertes, dejando sin prioridad la revisión de los videos de seguridad de las calles cercanas a las zonas donde cayeron los civiles.
“Únicamente han llegado las pericias toxicológicas, las de absorción atómica y los protocolos de necropsia”, pero aún no se han realizado las pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco, insistió, se ha llamado a declarar a los policías y militares que intervinieron en el choque letal.